Donald Trump recibe duro golpe en sus intentos por introducir cambios en la política migratoria de Estados Unidos que lleva impulsando desde su primer mandato, incluyendo una propuesta para eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados.
Trump, planteó la posibilidad de revocar la ciudadanía automática establecida en la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., alegando que este beneficio incentivaba la inmigración ilegal de latinos indeseados.
Esta iniciativa, que desató un intenso debate constitucional, fue rechazada por parte de expertos legales y organizaciones de derechos civiles
En 2019, el Departamento de Seguridad Nacional analizó los posibles mecanismos para restringir el acceso a documentos oficiales a niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados, una medida que, según informes de The New York Times, enfrentó oposición dentro del propio gobierno debido a dudas sobre su viabilidad legal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en 2020 que esa medida podría dejar a miles de niños en condición de apatridia, en franca violación del derecho internacional. Mientras tanto, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) calificaron la propuesta como un ataque directo a los principios fundamentales de la Constitución estadounidense.
Rechazo por inconstitucional
Más recientemente, Trump firmó una orden ejecutiva el mismo día de su posesión que ponía fin al “derecho de ciudadanía por nacimiento” basada en lo que llamó “una correcta interpretación de la ley”.
El 23 de enero de 2025, el juez federal John Coughenour emitió una orden de restricción temporal, calificando la medida de «descaradamente inconstitucional» apoyando a los Estados de Pensilvania, Oregon, Illinois y arizona, quienes acudieron en bloque a solicitar el mencionado bloqueo.
Esta decisión impidió al gobierno implementar la orden ejecutiva durante 14 días, mientras se presentaban más argumentos legales. “La Orden es imposible de comprender” puntualizó el juez.
El pasado 5 de febrero, la jueza federal Deborah Boardman en Maryland emitió una orden preliminar a nivel nacional, en respaldo a grupos de derechos de inmigrantes y de las mujeres embarazadas por cuanto la orden ejecutiva podría privar inconstitucionalmente de la ciudadanía a sus hijos.
Esta decisión refuerza el bloqueo temporal previo y mantiene la suspensión de la orden mientras continúa el litigio que, de llegar a la Corte Suprema se estaría hablando de una enmienda constitucional.
Mecanismo legal engorroso
Existen dos formas de proponer una enmienda, pero solo una ha sido utilizadas hasta ahora en los EEUU. La primera de ellas es la Propuesta de Enmienda que necesita una mayoría de dos tercios en ambas cámaras (Cámara de Representantes y Senado). y la segunda es por Convención Constitucional (que nunca ha ocurrido) y necesitaría que dos tercios (34 de 50) de los estados, soliciten una convención nacional para proponer enmiendas.
Luego de ello, se necesitaría la Ratificación de la Enmienda por las legislaturas estatales que es el método más común o por convenciones estatales que solo se ha usado una vez para la 21ª enmienda (Prohibición del alcohol en el país).
Algunas enmiendas, como la 26ª (reducción de la edad para votar a 18 años), fueron ratificadas en solo 3 meses, pero otras, como la 27ª (cambio de los miembros del Congreso), tardaron más de 200 años en ser ratificadas.
