La sentencia del juez federal fue clara: el gobierno de Donald Trump no podía utilizar la ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para deportar a personas sin audiencia.
Si algún avión ya estaba en el aire, dijo el juez, debería dar marcha atrás.
Eso no ocurrió. En su lugar, el gobierno de Trump envió a El Salvador durante el fin de semana a más de 200 migrantes, entre ellos presuntos miembros de pandillas, en tres aviones.
Deportaciones ¿ilegales? a El Salvador: orden ejecutiva en litigio
Todo comenzó después de que el presidente estadounidense invocara el sábado la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, solo utilizada hasta ahora en tiempos de guerra, argumentando que EE. UU. estaba sufriendo una «invasión» de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, aunque no presentó pruebas.
Trump la firmó en secreto el viernes y esta se hizo pública el sábado a las 16.20 hora local (20.20 GMT). Mientras Boasberg estudiaba en una audiencia su legalidad, despegaron desde Texas dos vuelos con destino a El Salvador, según una investigación de The Washington Post.
Según ese análisis, ese mismo día, a las 19.36 hora local (23.36 GMT), un tercer vuelo salió de Texas, apenas diez minutos después de que Boasberg ordenara, verbalmente y por escrito, que los aviones regresaran a EE. UU. hasta que se resolviera el litigio.
Una revisión de los datos de vuelo realizada por The New York Times demostró que ninguno de los aviones en cuestión aterrizó en El Salvador antes de la orden del juez, y que uno de ellos ni siquiera había salido de suelo estadounidense sino hasta después de que la orden escrita del juez se publicara en internet.
La orden del Juez
El juez pidió concretamente suspender por 14 días una operación de expulsión a El Salvador de más de 200 migrantes a quienes el Gobierno estadounidense acusa de pertenecer al Tren de Aragua y la pandilla M-13, ambos declarados recientemente organizaciones «terroristas» globales por el Departamento de Estado.
El Gobierno de Trump alega que los expulsados ya habían partido de Estados Unidos cuando el juez emitió la orden que lo prohibía y que el magistrado carece de jurisdicción una vez que los aviones han salido del espacio aéreo estadounidense.
Estos argumentos no convencieron al juez Boasberg, quien pidió al Gobierno una respuesta este martes. Como no la obtuvo, alargó el plazo hasta hoy miércoles 19 de marzo de 2025 para que contesten a sus preguntas.
Durante una audiencia judicial celebrada el lunes, un abogado del Departamento de Justicia argumentó que la Casa Blanca no había desafiado la orden del juez, James Boasberg, del Tribunal Federal de Distrito de Washington.
Cronología de los Hechos (horas del este)
Viernes 14 de marzo
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La orden iba dirigida contra una banda criminal llamada Tren de Aragua y afirmaba que estaba llevando a cabo una “invasión” de Estados Unidos.
Sábado 15 de marzo
El gobierno de Trump anunció formalmente la orden ejecutiva. En respuesta, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y Democracy Forward, una organización jurídica de tendencia liberal, presentaron una demanda en nombre de cinco venezolanos detenidos por inmigración.
Funcionarios del gobierno de Trump dijeron que habían retrasado la deportación de las cinco personas incluidas en la demanda, pero continuaron con los vuelos de deportación de otras personas bajo custodia.
A las 5:26 p.m., el primer vuelo de deportación en cuestión, el vuelo 6143 de GlobalX, partió de Harlingen, Texas.
A las 5:44 p.m., un segundo vuelo, el vuelo 6145 de GlobalX, partió de Harlingen.
Hacia las 6:48 p. m., antes de que los aviones llegaran a El Salvador, el juez Boasberg ordenó verbalmente al gobierno que devolviera los aviones que transportaban a personas expulsadas en virtud de la orden ejecutiva, según una transcripción judicial.
“Deben informar de ello inmediatamente a sus clientes, y que cualquier avión con estas personas que vaya a despegar o esté en el aire debe ser devuelto a Estados Unidos”, dijo el juez.
En el momento de la orden verbal del juez Boasberg, uno de los aviones estaba sobre México; un segundo estaba sobre el Golfo de México, que el gobierno de Trump rebautizó como Golfo de América; y un tercero aún no había despegado. Los aviones no dieron la vuelta.
A las 7:26 p. m., se publicó en internet la orden escrita del juez, que no incluía la instrucción de dar la vuelta a los aviones. En ese momento, el primer avión estaba sobre Honduras, el segundo sobre México y el tercero seguía en tierra en Texas.
A las 7:36 p. m., el tercer vuelo de deportación, el vuelo 6122 de GlobalX, partió de Harlingen.
Funcionarios hondureños que no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el asunto confirmaron que los tres aviones aterrizaron en la base aérea de Soto Cano, donde está estacionada desde hace tiempo una fuerza de intervención militar estadounidense. Tras varias horas, los aviones despegaron hacia El Salvador.
El primer avión partió de Honduras a las 11:39 p. m. y llegó a San Salvador, El Salvador, el 16 de marzo a las 12.10 a. m.
El segundo avión salió de Honduras a las 11:43 p.m. y llegó a San Salvador a las 12:18 a. m. del 16 de marzo.
El tercer vuelo salió a las 12:39 a.m. del 16 de marzo y llegó a la 1:08 a.m.
Domingo 16 de marzo
A las 7:46 a. m., el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en las redes sociales: “Uy… demasiado tarde”.
A las 8:13 a. m., Bukele publicó un video de tres minutos con imágenes dramáticas de hombres que son sacados de un avión y conducidos a una prisión.
Lunes 17 de marzo
En una entrevista en Fox News, Thomas Homan, zar de fronteras de Trump, se mostró indiferente o ante la preocupación de que el gobierno de Trump hubiera violado una orden judicial.
“No me importa lo que piensen los jueces”, dijo, y añadió que “el avión ya estaba sobre aguas internacionales con un avión lleno de terroristas y amenazas significativas para la seguridad pública”.
“Hemos eliminado a terroristas”, dijo Homan. “Eso debería ser motivo de celebración en este país”.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que la administración solo seguía la orden escrita del juez, emitida a las 7:26 p. m., y no la orden verbal dada desde el estrado a las 6:48 p. m.
“Todos los aviones sujetos a la orden escrita de este juez partieron de suelo estadounidense, territorio estadounidense, antes de la orden escrita del juez”, dijo, y añadió: “En realidad, hay dudas sobre si una orden verbal tiene el mismo peso que una orden legal, que una orden escrita. Nuestros abogados están decididos a plantear y responder a esas preguntas ante el tribunal”.
Leavitt no pareció referirse al tercer vuelo, que despegó después de que se publicara la orden escrita del juez. El gobierno de Trump había alegado que el tercer vuelo transportaba a deportados que no estaban amparados por su orden.
A las 5:00 p. m., el juez Boasberg celebró una audiencia para determinar si la Casa Blanca había incumplido su orden.
Kambli, el abogado del Departamento de Justicia, se negó a responder a las preguntas, diciendo que la única información que estaba autorizado a revelar —incluso al juez— era que el gobierno no había violado la orden.
Dijo que no podía decir más, alegando “motivos de seguridad nacional”.
Mire también:
Trump ¿patadas de ahogado?
El presidente estadounidense, Donald Trump, tildó el martes al juez que ordenó detener la reciente deportación de más de 200 venezolanos a El Salvador de «lunático de la izquierda radical» y pidió su destitución, además de afirmar que su Gobierno simplemente está siguiendo el mandato de los votantes que lo eligieron en noviembre.
Así lo dijo en su red social :
¿Un presidente con sus propias leyes?
En el caso de la deportación, la base del argumento jurídico del gobierno es que no importa lo que un juez perciba que son los hechos, porque Trump determina la realidad.
El caso se enfoca en la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que permite las deportaciones sumarias de ciudadanos de una nación hostil durante la guerra. Trump ha declarado que puede utilizarla para deportar a personas que los funcionarios del gobierno consideren miembros de una banda venezolana llamada Tren de Aragua, sin audiencias individuales de inmigración.
Una portavoz de la Casa Blanca se refirió el martes a una publicación en las redes sociales de Trump en la que atacaba a Boasberg, quien fue nombrado por Obama, y pedía su destitución.
El Departamento de Justicia también ha instado a un tribunal de apelaciones a que retire a Boasberg del caso, insinuando que no se puede confiar en él para proteger información clasificada. (Su pasado como juez presidente del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera implica que tiene una amplia experiencia supervisando casos de terrorismo y espionaje). La fiscal general Pam Bondi lo ha acusado de apoyar “a los terroristas por encima de la seguridad de los estadounidenses”.
En Contexto:
Independientemente de si existen pruebas de que cada venezolano trasladado a El Salvador para ser ingresado en una prisión de alta seguridad es realmente miembro de la banda, ¿siquiera es cierto que Tren de Aragua es un grupo terrorista?
El mes pasado, el Departamento de Estado designó a Tren de Aragua, junto con varios cárteles de la droga y bandas más, como “organización terrorista extranjera”, obedeciendo a una orden ejecutiva previa de Trump.
Pero ese fue un cambio notable en la manera en que el poder ejecutivo ha utilizado la facultad otorgada por el Congreso de considerar a los grupos organizaciones terroristas. En el pasado, dichos grupos eran en su mayoría islamistas militantes, junto con algunos comunistas y una rama del Ejército Republicano Irlandés.
Por definición, los terroristas son personas que utilizan la violencia criminal para promover un objetivo ideológico, tratando de forzar cambios en la política.
El Tren de Aragua es sin duda una organización criminal peligrosa, pero nada indica que esté motivada por alguna ideología concreta, ya que se dedica al contrabando de personas, al secuestro extorsivo y al tráfico de drogas. Su objetivo parece ser más bien la obtención de ganancias ilícitas.
Mentiras tras Mentiras:
Las mentiras y exageraciones de Trump se remontan a la época en que era un pomposo promotor inmobiliario que se promocionaba a sí mismo, y a sus proyectos. Al dictar sentencia contra Trump en 2023, un juez dijo que había cometido fraude de forma persistente, creando un “mundo de fantasía” al describir el tamaño y el valor de sus edificios.
Más tarde ascendió en la política nacional del Partido Republicano al difundir la mentira de que el presidente Barack Obama había nacido en Kenia, no en Hawái.
Y en su primer mandato, Trump emitió un flujo constante de afirmaciones falsas sobre asuntos tanto triviales como trascendentales, ya fuera el tamaño de su multitud inaugural o el ganador de las elecciones de 2020. The Washington Post contabilizó 30.573 afirmaciones falsas o engañosas durante su primer mandato.
Tras una audiencia realizada el lunes ante Boasberg, Skye Perryman, del grupo Democracy Forward, que ayuda a representar a los demandantes, criticó la premisa fáctica de los argumentos jurídicos del gobierno.
“El presidente no es un rey, y todos los estadounidenses deberían estar preocupados por esta ampliación ilegal de los esfuerzos en tiempo de guerra cuando en realidad no estamos en guerra”, dijo.
