Presencia de militares es «temporal», según Panamá.
El gobierno panameño insiste en que el memorando de seguridad firmado con el Pentágono no implica bases militares ni cesión de territorio, respondiendo a las recientes afirmaciones de Donald Trump sobre una supuesta «ocupación» estadounidense.
Tras las polémicas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una presunta presencia militar estadounidense significativa en Panamá, el gobierno panameño ha reiterado que el reciente acuerdo de seguridad con el Pentágono es «temporal» y respeta la soberanía nacional.
«Hemos movido muchas tropas a Panamá y hemos ocupado algunas áreas que teníamos. Ya no la teníamos, pero ahora sí«, declaró Trump en una conferencia de prensa.
El canciller Javier Martínez-Acha enfatizó que el memorando firmado no contempla la instalación de bases militares, prohibidas por la Constitución y el Tratado de Neutralidad del Canal.
En una entrevista con la radio local, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, fue claro al señalar que «este Gobierno ha sido claro: no hay cesión de soberanía, no hay uso exclusivo de nada y es temporal lo que hemos firmado». Añadió que tanto Panamá como Estados Unidos tienen la potestad de «en cualquier momento, encontrar una fórmula para dejar que el acuerdo se quedase sin vigencia, nulo».
Hegseth y su discurso belicista
El memorando de entendimiento, aún no público, se firmó durante la visita a Panamá del secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth. Durante su estancia, Hegseth mantuvo un discurso marcado por la preocupación por la influencia de China en el Canal y la región.
El jefe del Pentágono detalló el alcance del acuerdo: «Este memorando de entendimiento incrementará los ejercicios conjuntos de entrenamiento, las operaciones y la interoperabilidad general entre nuestras dos fuerzas, restableciendo la presencia rotatoria y conjunta en Fort Sherman, la Estación Naval Rodman y la Base Aérea Howard (antiguas bases militares estadounidenses). En Fort Sherman, se reactivará la Escuela de la Jungla junto con las fuerzas panameñas».
Panamá abolió su ejército en 1990, tras la invasión estadounidense de 1989. En virtud de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, que incluyen el Tratado de Neutralidad vigente desde 1979, no existen bases militares estadounidenses en el país. Estos tratados también establecieron la transferencia del Canal a Panamá en 1999.
La seguridad del Estado panameño recae en sus cuerpos policiales especializados: el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y la Policía Nacional. Panamá y EE.UU. mantienen una cooperación activa en seguridad desde hace años, que incluye capacitación y donación de equipos.
Justificación del Acuerdo: Amenazas Regionales y Seguridad del Canal
Martínez-Acha explicó que «el acuerdo lo que busca es una cooperación más amplia en materia de defensa para el Canal en caso de que ocurran amenazas tangibles (…) el Canal tiene que estar preparado, bajo el liderazgo de nuestra fuerza pública, para cualquier amenaza. Hacia el Sur sabemos que hay presencia de terroristas del Medio Oriente, no puedo dar detalles ahora (…) hacia el Sur sabemos que hay presencia de mercenarios del grupo Wagner».
Declaraciones Conjuntas y la Influencia China en el Canal
Durante la visita de Hegseth, también se firmaron dos declaraciones conjuntas: una con el presidente Mulino y otra en materia de seguridad entre el Ministerio de Asuntos del Canal y el secretario de Defensa de EE.UU.
Hegseth manifestó que «El Canal de Panamá es un territorio clave que Panamá debe asegurar con Estados Unidos, no con China», aludiendo a la supuesta «influencia maligna de China» en la vía acuática.
El expresidente Trump ha insistido en que la presencia de un operador hongkonés en dos puertos cercanos al Canal representa un control chino de la vía, expresando su deseo de «recuperarla» para Estados Unidos.
La administración del Canal de Panamá, en relación con la declaración conjunta en materia de seguridad con el Pentágono, indicó que «se reitera el respeto y reconocimiento a la soberanía panameña sobre la vía interoceánica, tal como lo establece el Tratado de Neutralidad y el marco jurídico que rige su operación, así como el Título Constitucional y la Ley Orgánica del Canal».
