El viernes, un tribunal federal de apelaciones rechazó una solicitud del gobierno de Donald Trump para la eliminación de la protección legal temporal (TPS) de unos 350.000 migrantes venezolanos que quedarían en riesgo de deportación inminente
El gobierno de Donald Trump presentó el sábado un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos solicitando el levantamiento de la orden de emergencia que, durante la madrugada, suspendió temporalmente las expulsiones de migrantes venezolanos hacia El Salvador.
La solicitud fue firmada por el procurador general John Sauer y tiene como objetivo que el máximo tribunal del país autorice la reactivación de los vuelos de deportación hacia el país centroamericano, y que permita a los tribunales de menor instancia continuar el tratamiento del caso, informó la agencia de noticias EFE.
La intervención de la Corte Suprema se produjo tras un recurso presentado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que alertó sobre un traslado “inminente” de venezolanos detenidos en un centro migratorio en Texas hacia El Salvador, a pesar de una orden judicial que exige darles tiempo para defenderse legalmente.
La organización alegó que el Gobierno de Trump estaba violando una decisión judicial al querer expulsar a estas personas sin darles un “tiempo razonable” para defender sus casos.
El Tribunal Supremo dictaminó inicialmente el 8 de abril que Trump podía utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos miembros de bandas, pero que los deportados debían tener la oportunidad de impugnar su expulsión.
El recurso de hábeas corpus se refiere al derecho de los detenidos a impugnar la legalidad de su detención. Se considera un derecho fundamental en la legislación estadounidense.
No se ha definido legalmente el plazo para la apelación, pero abogados en distintas partes del país han pedido que se dé a los migrantes un plazo de 30 días para que puedan impugnar sus deportaciones, asegura BBC.
La corte no concede o deniega la solicitud presentada por los abogados de los detenidos, sino que pausa su deportación hasta que se pronuncie un tribunal inferior, que en este caso es el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito, que tiene jurisprudencia sobre varios estados del sur de EE. UU. según reseña la BBC.
La justicia de Trump
El recurso del gobierno de Trump califica la acción de ACLU como “prematura”, al haber sido elevada directamente a la Corte Suprema sin agotar antes los procedimientos en tribunales inferiores. Además, asegura que los migrantes fueron notificados con antelación sobre su traslado y que la administración no está haciendo uso directo de la Ley de Enemigos Extranjeros para las expulsiones. Sin embargo, documentos presentados por ACLU y confirmados por el propio gobierno indican que los detenidos en el centro migratorio Bluebonnet, en Texas, recibieron notificaciones escritas en inglés sobre su inminente deportación bajo ese marco legal, a pesar de que varios de ellos no dominan el idioma.
La ley de Trump
La actual administración estadounidense ha justificado estas deportaciones invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, un estatuto poco utilizado y reservado históricamente para contextos de guerra, argumentando que los migrantes forman parte del Tren de Aragua, una ya extinta organización criminal venezolana designada recientemente como grupo terrorista por EE. UU.
La Casa Blanca defiende la aplicación de esa ley como una medida de seguridad nacional, pero juristas y legisladores advierten que uso supondría una posible violación constitucional y la instauración de un precedente peligroso.
Esta ley da al presidente el poder de ordenar la detención y deportación de nativos o ciudadanos de naciones «enemigas» sin los procesos habituales.
Solo se había utilizado tres veces, todas durante una guerra.
No todo le sale bien
Un tribunal federal de apelaciones rechazó el viernes una solicitud del gobierno de Donald Trump para permitirle seguir adelante con la eliminación de la protección legal temporal de unos 350.000 migrantes venezolanos que quedarían en riesgo de deportación inminente, lo que representaría otro revés de la justicia para los planes del presidente Donald Trump.
La medida para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos es parte de la ola de restricciones a la migración impulsada por Trump desde que regresó a la Casa Blanca.
Odio disfrazado
El presidente de Colombia Gustavo Petro denunció lo que describe como «odio disfrazado de justicia» dirigido hacia los migrantes venezolanos. Haciendo referencia a las acciones del gobierno salvadoreño dijo «No señor Bukele, muy mal».
Insistió en que la búsqueda de la justicia no debe ni puede ser un pretexto para fomentar el odio y la exclusión de una población vulnerable.
Desde marzo, más de 200 migrantes, la mayoría venezolanos, han sido trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, una prisión de alta seguridad conocida por sus condiciones severas y acusaciones de violaciones a derechos humanos. Aunque la administración Trump sostiene que todos tienen vínculos con grupos delictivos, una reciente investigación de Bloomberg señala que el 90% de ellos no tiene antecedentes penales en Estados Unidos.
