El juez federal del distrito de Washington James Boasberg rechazó este lunes la petición del Gobierno de Donald Trump de retirar la prohibición cautelar a las deportaciones bajo la ley de Enemigos Extranjeros, de 1798.
El magistrado había impuesto ese veto el pasado día 15 ante la inminente expulsión de más de 200 venezolanos a El Salvador, a los cuales Trump señala de pertenecer a la extinta banda delictiva Tren de Aragua.
Se trata de un recurso que no había sido aplicado desde la Segunda Guerra Mundial y que el mandatario Donald Trump invocó este mes para acelerar las deportaciones de decenas de personas que, según él, pertenecen al extinto grupo criminal Tren de Aragua, aunque esta banda ha sido desmantelada de acuerdo a los reportes de las autoridades venezolanas.
Bajo esa medida, decenas de presuntos delincuentes han sido expulsados por Washington hacia una cárcel de alta seguridad en El Salvador.
El juez estadounidense James Boasberg escribió que el «uso sin precedentes» por parte del mandatario Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros (de 1798) no exime al gobierno de Estados Unidos la responsabilidad de garantizar que los hombres deportados pudieran impugnar su designación como presuntos «pandilleros» o «crminales», reseñó Prensa Latina.
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¿Qué pasó con las deportaciones de Trump?
Más de 250 personas, la mayoría ciudadanos de Venezuela, fueron deportados, sin proceso judicial ni derecho a la defensa, a la megacárcel conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo en el país centroamericano con la presunción de su pertenencia al extinto grupo criminal Tren de Aragua. Trump invocó las deportaciones bajo la ley de Enemigos Extranjeros, de 1798.
Antes de la deportación, debió celebrarse una audiencia judicial para determinar si pertenecían al grupo delictivo, dictaminó Boasberg la mañana de este lunes.
Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros —una autoridad en tiempos de guerra utilizada para deportar a ciudadanos foráneos con escaso o nulo debido proceso— argumentando que la extinta banda criminal Tren de Aragua es un «estado criminal híbrido» que está invadiendo Estados Unidos.
Sin embargo, Boasberg bloqueó temporalmente el uso de la ordenanza, calificando las deportaciones de «terriblemente aterradoras» e «increíblemente problemáticas».
De acuerdo con medios locales, un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) admitió posteriormente en una declaración jurada que muchos de los extranjeros deportados en virtud de esa ley no tenían antecedentes penales en Estados Unidos.
«El Tribunal no necesita resolver la espinosa cuestión de si el poder judicial tiene la autoridad para evaluar esta reclamación en primer lugar”, advirtió.
Esto se debe -subrayó- “a que es probable que los demandantes tengan éxito con base en otra teoría igualmente fundamental: antes de ser deportados, tienen derecho a audiencias individualizadas para determinar si la Ley se les aplica«.
Boasberg, quien se ha convertido en el rostro visible de una crisis entre el Pode Ejecutivo y el Poder judicial de EEUU, señaló además que los deportados han sufrido daños irreparables al ser trasladados a una prisión salvadoreña, donde enfrentan «tortura, palizas e incluso la muerte».
El juez añadió que “dado que los demandantes mencionados niegan ser miembros del Tren de Aragua, no podrán ser deportados hasta que un tribunal haya resuelto los fundamentos de su impugnación».
El zar de la frontera de EEUU, Tom Homan, afirmó en una entrevista con ABC que todos los migrantes deportados a El Salvador eran supuestamente «conocidos pandilleros», pero no pudo proporcionar pruebas de esa declaración.
Trump ha solicitado reiteradamente la destitución de Boasberg, iniciativa rechazada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien señala que “la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo».
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