Perú tiene la segunda mayor proporción de selva amazónica después de Brasil y la reforma a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre de Perú, según sus impulsores, estabilizará el sector agrícola y brindará a los agricultores una mayor seguridad jurídica
La reciente enmienda a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre de Perú facilita la deforestación ilegal y el acaparamiento de tierras. Eso creen grupos ambientalistas e indígenas que advierten que también podría acelerar la destrucción de la biodiversidad en la selva amazónica bajo el pretexto del desarrollo económico.
La ley fue aprobada en 2011, y nació como Ley Forestal y de Vida Silvestre. En su versión original requería la aprobación estatal y estudios ambientales antes de cualquier cambio en el uso de la tierra forestal.
Lo que ha generado preocupación y alarma en varios sectores, son las reformas recientes que han debilitado constantemente esas protecciones. La última modificación a la ley permite a los propietarios de tierras y empresas eludir esa aprobación, incluso legalizando retroactivamente la deforestación pasada, según reseña la agencia AP.
En el Programa de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal de Perú, creen que a lo que ha devenido el cambio es a una privatización de tierras que la Constitución peruana define como patrimonio nacional. «Los bosques no son propiedad privada, pertenecen a la nación» según declaración de uno de sus abogados.
Peligros para a la Amazonía
Perú tiene la segunda mayor proporción de selva amazónica después de Brasil, con más de 70 millones de hectáreas, aproximadamente el 60% del territorio de Perú, según la organización sin fines de lucro Rainforest Trust. Es una de las regiones más biodiversas del planeta y alberga a más de 50 pueblos indígenas, algunos de los cuales viven en aislamiento voluntario.
Críticas a la enmienda
“Esta reforma es un ataque directo a los derechos de los pueblos indígenas y a la Amazonía, pues permite que invasores legalicen tierras deforestadas ilegalmente” señala en un comunicado la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
La asociación civil peruana, Instituto de Defensa Legal (IDL) señala que la enmienda viola el derecho a consulta previa y desprotege los bosques. “La privatización de tierras forestales sin control estatal contradice la Constitución peruana, que declara los bosques como patrimonio de la nación.»
La organización ambientalista Amazon Watch advierte que la ley beneficia a actores ilegales (narcotráfico, minería ilegal y agroindustria).
«La enmienda es una victoria para quienes lucran con la destrucción de la Amazonía, bajo el disfraz del ‘desarrollo’.» Perú alberga el 10% de la Amazonía global, y la ley podría acelerar la pérdida de 70 millones de hectáreas, según la organización Rainforest Trust. «Sin regulación estatal, se perderán corredores críticos para especies endémicas y pueblos en aislamiento.»
La decisión jurídica
El Tribunal Constitucional de Perú confirmó la enmienda después de que un grupo de abogados presentara un recurso de inconstitucionalidad, según información publicado por AP. También reseña que, aunque el tribunal anuló algunas partes de la enmienda, dejó intacta la disposición final de la ley, que valida los cambios ilegales de uso de la tierra en el pasado. Los expertos legales dicen que esta es la parte más peligrosa.
En su fallo, el tribunal reconoció que las comunidades indígenas deberían haber sido consultadas sobre las reformas a la ley y afirmó el papel del Ministerio de Medio Ambiente en la zonificación forestal.
Datos Clave
-Según Global Forest Watch, Perú perdió 1.4 millones de hectáreas de bosque primario entre 2011 y 2023, y esta ley podría duplicar la tasa.
-La agencia de noticias AP afirma que, en Perú, el apoyo a el cambio de la ley proviene de intereses del agronegocio, acaparadores de tierras y figuras vinculadas a la minería ilegal y el narcotráfico.
-Líderes indígenas dicen que la ley representa una amenaza directa a sus territorios, comunidades y formas de vida. -Grupos de la sociedad civil anuncian que van a llevar el caso a tribunales internacionales.
