El Ministerio Público de Honduras (MP), a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, presentó un requerimiento fiscal contra los militares Romeo Orlando Vásquez Velazquez, ex Jefe del Estado Mayor Conjunto; el subjefe Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez, ex Comandante del Comando de Operaciones Especiales por suponerlos responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves contra los ciudadanos Isis Obed Murillo Mencías y Alex Roberto Zavala Licona, simpatizantes que permanecían en los alrededores del Aeropuerto Internacional Toncontín a la espera del retorno al país del entonces presidente constitucional José Manuel Zelaya, esposo de la actual Presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya.
La tarde de este domingo 5 de enero, Romeo Vásquez Velázquez fue trasladado a los juzgados capitalinos para prestar declaración testimonial.
Murillo Mencías cayó asesinado tras recibir un proyectil de arma de fuego en la cabeza mientras participaba en una manifestación pacífica en las inmediaciones del aeropuerto y Zavala Licona sufrió graves lesiones a consecuencia de los disparos realizados por elementos de las Fuerzas Armadas.
Según las investigaciones del Ministerio Público, las actuaciones de los militares fueron desproporcionadas, porque dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente. Las acciones resultaron en muertes y graves lesiones, que no fueron hechos aislados sino crímenes ejecutados por elementos de las fuerzas Armadas bajo órdenes directas del entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto Romeo Vásquez Velázquez, el subjefe Venancio Cervantes Suazo y el Director de Operaciones Especiales, Carlos Puerto Fúnez.
Según el Ministerio Público, los altos mandos del Estado Mayor Conjunto fueron responsables directos de comandar y planificar el operativo y no solo incumplieron su deber de supervisar y controlar a sus subordinados sino que, con pleno conocimiento de los hechos, permitieron y facilitaron las atrocidades.
El comunicado emitido por el MP este 5 de enero de 2025 indica que la negligencia e inacción de los altos mandos militares hondureños configuraron graves violaciones a los derechos humanos y dejaron a los manifestantes a merced de una fuerza militar que actuó con una violencia inhumana y desmedida.
La decisión asumida por el Ministerio Público genera gran repercusión en el país que suscribe convenios internacionales que indican que la violación de DDHH es un acto criminal e imprescriptible.
El golpe de Estado contra Manuel Zelaya ocurrido el 28 de junio de 2009 fue condenado por todo el mundo. En ese golpe, los militares tuvieron una acción decisiva y el propio Zelaya dijo al medio de comunicación TeleSUR que el Gobierno de Estados Unidos estuvo detrás del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, con el objeto de imponer su modelo neoliberal de «asfixia», como lo ha hecho en otras regiones.
De acuerdo con Zelaya, el golpe de Estado sirvió para favorecer a empresas transnacionales petroleras y a un grupo que se benefició con contratos lesivos para el interés nacional, e incluso se creó un cártel del narcotráfico.
En este 2025, Honduras con su presidenta Xiomara Castro de Zelaya fortalece su democracia y ha logrado avances significativos contra la impunidad, como la condena en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico del expresidente Juan Orlando Hernández.
Sin embargo, en septiembre 2024 la mandataria denunció un intento de golpe de estado que tuvo nuevamente a EEUU como principal señalado.
