El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, anunció este miércoles una serie de sanciones dirigidas a El Salvador debido a su colaboración con el gobierno del expresidente Donald Trump en la deportación irregular de Kilmar Abrego García, un ciudadano que residía legalmente en Estados Unidos y cuya expulsión violó derechos constitucionales fundamentales, señaló el diario El Mundo.
Según informó Pritzker, Abrego García fue deportado pese a contar con una orden de retención de deportación emitida en 2019, lo que constituye una clara violación de las enmiendas Quinta y Decimocuarta de la Constitución estadounidense, que garantizan el derecho al debido proceso. Esta deportación, reconocida como un “error administrativo” por el gobierno federal, se llevó a cabo sin que el afectado pudiera defenderse legalmente.
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una orden unánime para facilitar el regreso de Abrego García, sin embargo, las autoridades salvadoreñas se han negado a repatriarlo, exacerbando la crisis diplomática. Pritzker criticó duramente la actitud del gobierno de Trump, señalando que “dobla la apuesta” al desconocer fallos judiciales y erosionar derechos fundamentales en tiempo real. “Illinois defenderá el Estado de Derecho y luchará por nuestros principios constitucionales”, afirmó el gobernador demócrata.
Entre las medidas anunciadas, el gobierno de Illinois realizará una revisión inmediata de las inversiones en los sistemas estatales de pensiones para detectar posibles vínculos con empresas asociadas al gobierno salvadoreño, con miras a prohibir dichas inversiones mediante reformas legislativas. También se revisarán los contratos públicos con compañías salvadoreñas y se analizará la magnitud del comercio entre Illinois y El Salvador, así como la presencia de productos salvadoreños en las cadenas de suministro locales.
Illinois, el quinto estado con mayor Producto Interno Bruto en Estados Unidos y hogar de la ciudad de Chicago, tercera más grande del país, se posiciona así como un actor clave en la defensa de los derechos constitucionales frente a políticas migratorias que ignoran el debido proceso y la justicia.
El gobernador concluyó con un mensaje contundente:
“Estados Unidos no puede ser cómplice de abusos constitucionales, ni tampoco quienes colaboran con ellos”.
