Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, el discurso político sobre la migración en Estados Unidos se ha transformado en una persecución constante en especial contra los venezolanos.
Aunque el presidente Donald Trump los tilda de criminales, asesinos y terroristas, varias investigaciones refutan esta narrativa, demostrando que la presencia de migrantes, en su mayoría latinoamericanos, no está asociada con un incremento en los delitos.
En Texas, uno de los estados con registros más detallados sobre el estatus migratorio de los detenidos, se encontró que los inmigrantes indocumentados tienen tasas de criminalidad más bajas que los ciudadanos estadounidenses, especialmente en delitos violentos y relacionados con las drogas. Un estudio realizado en 2017 reveló que los inmigrantes, independientemente de su estatus, tienen un 47% menos de probabilidades de ser condenados por un delito que los nacidos en Estados Unidos.
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Un estudio posterior de 2020, realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), señaló que los inmigrantes son un 60% menos propensos a ser encarcelados, sugiriendo un patrón de menor actividad delictiva en comparación con los estadounidenses.
Entre 1990 y 2018, aunque el número de casos procesados de inmigrantes aumentó, el 90% de estos se relacionaron con violaciones de leyes de inmigración, no con delitos violentos u otros tipos de crímenes. Además, un análisis del Council on Criminal Justice mostró que las tasas de criminalidad disminuyeron en varias ciudades en 2022 y 2023, incluida Nueva York, que ha experimentado una llegada masiva de migrantes.
Aunque se observó un aumento en delitos menores, como robos en tiendas, estos incrementos comenzaron en 2021, un año antes de la llegada masiva de inmigrantes. Esto refuerza la refutación a la narrativa antiinmigración de Trump, especialmente en relación con los venezolanos.
Si bien los estudios e investigaciones reconocen que algunos inmigrantes han cometido delitos, también destacan que estos no están directamente vinculados a un aumento generalizado de la criminalidad.
De hecho, en 2024, Mike Coffman, el alcalde de Aurora, Colorado —una ciudad con una significativa comunidad venezolana— calificó las afirmaciones de Trump sobre el Tren de Aragua como «puro teatro político», desmintiendo las acusaciones de que este grupo extinto se hubiera «apoderado de la ciudad».
Mientras, en Chicago la policía informó que solo han señalado a 37 personas como posibles miembros del Tren de Aragua, sin embargo aún no esta confirmado y sus delitos estan relacionados con infracciones de tránsito.
