El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, declara en el Complejo Judicial de Paloquemao en el caso de supuesta manipulación de testigos, soborno y fraude procesal.
Hasta el momento se ha declarado inocente. El expresidente (2002-2010) llegó al recinto para afrontar el juicio que se adelanta en su contra, es la primera vez que el jefe político del Centro Democrático asiste de forma presencial.
El jueves pasado comenzó el juicio contra Uribe que conlleva múltiples desafíos para la justicia colombiana.
En este juicio, en el que por primera vez un expresidente de Colombia responde penalmente, la jueza Sandra Liliana Heredia tendrá que decidir si la Fiscalía tiene razón en la acusación contra el exmandatario o si por el contrario, como alega la defensa, Uribe no es culpable de esos cargos.
La defensa de Uribe ya anticipó su intención de presentar una recusación contra la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, a la que señaló de no actuar en derecho en lo que respecta al proceso por el que llevaron a la justicia penal al exmandatario.
¿Qué dicen las víctimas?
Las víctimas acusan a Uribe y su defensa de una «campaña sistemática de desprestigio y persecución en contra de los magistrados y jueces que han actuado en el proceso» y afirman que «han acudido a distintas maniobras con el propósito de que opere la prescripción de la acción penal».
Por esto, solicitaron este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la ONU y a otras organizaciones que envíen observadores internacionales para el juicio contra Uribe.
«La bancada de víctimas anuncia que recurrirá a la CIDH, al Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU y a ONG reconocidas internacionalmente para que designen observadores internacionales que acompañen el juicio, en procura de asegurar el cumplimiento del derecho a la justicia y el respeto por los jueces y magistrados que la imparten», expresaron las víctimas, lideradas por el senador izquierdista Iván Cepeda.
El caso de Álvaro Uribe en Colombia
La larga querella se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista de izquierdas y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria. La Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente, por lo que Uribe pidió, hasta en dos ocasiones, la preclusión del caso.
Ante la negativa de los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía siguió trabajando el caso hasta que el año pasado decidió acusarlo.
