La reciente decisión del Gobierno de Trump de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 300.000 venezolanos generó una ola de incertidumbre entre los afectados y las comunidades donde residen. Esta medida, que pone en riesgo de deportación a miles de familias, de las cuales ya más de 400 han sido deportadas, también podría desencadenar importantes repercusiones económicas y sociales en Estados Unidos.
El TPS permitía a estos inmigrantes trabajar legalmente en Estados Unidos, contribuyendo a sectores clave como la construcción, el servicio doméstico, la hostelería y la tecnología.
Con su revocación, las empresas que dependen de esta fuerza laboral enfrentarán dificultades para llenar vacantes, lo que podría generar pérdidas millonarias en productividad y consumo. «Aumentará la inestabilidad para familias y negocios y pondrá vidas en riesgo», advirtió el comisionado del condado de Miami-Dade, René García, quien ha instado a la administración a revertir la medida según reseñó El País.
Según datos de la Cámara de Comercio de EE.UU., los beneficiarios del TPS aportaban anualmente miles de millones de dólares en impuestos y consumo, fortaleciendo la economía estadounidense sin recibir beneficios federales. Sin esta mano de obra, sectores como la agricultura y el comercio minorista podrían experimentar una escasez de trabajadores, aumentando los costos y afectando a los consumidores.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes preparan posibles apelaciones legales.
Los empresarios y economistas advierten sobre el impacto a largo plazo de la medida. «En un momento en el que EE.UU. busca mantener su competitividad global, reducir su fuerza laboral inmigrante podría desacelerar el crecimiento económico», afirmó el economista John Reynolds.
En Houston, organizaciones comunitarias y abogados están brindando asesoramiento sobre derechos, protección y preparación ante posibles detenciones e iniciativas de deportación, recomendando a los inmigrantes conocer sus derechos y preparar documentos importantes.
El futuro de los venezolanos amparados por el TPS es incierto, mientras esperan soluciones legislativas o judiciales, muchos enfrentan la posibilidad de perder sus empleos, hogares y estabilidad.
En los próximos meses, la atención estará en las reacciones del Congreso y la administración federal ante una decisión que podría redefinir el panorama migratorio y económico de Estados Unidos. La presión de comunidades locales, sectores económicos y defensores de derechos humanos podría ser determinante en el futuro inmediato de esta polémica decisión.
¿China beneficiada?
La reducción de la fuerza laboral podría ejercer presión al alza sobre los salarios en ciertos sectores lo que, a su vez, incrementa los costos de producción y, eventualmente, los precios al consumidor. Estudios advierten que las deportaciones masivas podrían elevar la comprometida economía norteamericana, por la inflación al reducir la mano de obra en sectores clave de la economía, según cita CNN.
Por otro lado, economías emergentes como China podrían beneficiarse indirectamente de esta situación. Al enfrentar Estados Unidos una disminución en su fuerza laboral y posibles incrementos en los costos de producción, China podría consolidar su posición como líder en manufactura y exportaciones.
Según el economista Li Wei, en declaraciones que recoge el Financial Times,
«las políticas migratorias restrictivas de EE.UU. pueden debilitar su competitividad, ofreciendo a China una oportunidad para fortalecer su influencia económica global».
Además, la reducción de la fuerza laboral inmigrante en Estados Unidos podría llevar a empresas estadounidenses a trasladar parte de sus operaciones a países con mano de obra más accesible y económica, como India, México o Vietnam. Esto no solo afectaría el empleo interno, sino que también podría acelerar la deslocalización de industrias, beneficiando a estas economías emergentes.
