El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), denunció que sus acusadores no buscan justicia, sino “eliminarlo” para las próximas elecciones presidenciales en ese país, después de que un tribunal lo declarara “en rebeldía” e instruyera una nueva orden de captura tras no presentarse a una segunda audiencia por un caso de trata agravada de personas.
“Esta ‘justicia’ actúa como en tiempos de la inquisición: sin pruebas, sino con convicciones subjetivas. Mis acusadores no buscan justicia, quieren proscribirme y eliminarme ante las próximas elecciones presidenciales de Bolivia”, publicó Morales en su cuenta en X.
Cientos de indígenas y cocaleros forman varios «anillos de seguridad» para impedir la aprehensión del expresidente Morales, ordenada por la fiscalía en el marco de una investigación por la presunta trata de una menor durante su mandato, dijo este miércoles uno de sus partidarios más cercanos.
La Justicia de Bolivia declaró este viernes 17 de enero en rebeldía a Evo Morales y emitió una nueva orden de detención.
El ex presidente no se presentó a la audiencia de medidas cautelares por el caso trata de menores. El juez determinó su arraigo y aprehensión.
Desde septiembre, cuando se dispuso su detención, Morales está resguardado en Lauca Eñe, región cocalera del Chapare, su fortín político en el centro del país, dijo a la AFP Vicente Choque, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Choque, quien se presenta como uno de los responsables de la seguridad del exgobernante, afirmó que hasta 2.000 personas lo custodian.
«La seguridad del hermano Evo, en este momento» está a cargo de más «de 2.000 personas, todos los días y las 24 horas», señaló el dirigente.
Según Choque, los seguidores se han organizado «en tres anillos, cuatro anillos de seguridad» para «hacerle frente» a un operativo de captura.
Morales está acusado del delito de trata de una menor, a raíz del presunto arreglo que habría tenido con los padres de una adolescente de 15 años.
Según la fiscalía, Morales y la menor sostuvieron una relación en 2015, de la que nació una hija un año después, y que los padres consintieron a cambio de beneficios.
Morales ha negado los cargos y dice ser víctima de un complot ordenado por el presidente Luis Arce, su antiguo aliado y exministro de Economía, para proscribirlo políticamente.
Ambos se disputan la candidatura de la izquierda para las elecciones de agosto próximo, pese a que el líder cocalero fue inhabilitado por la justicia para repostularse.
Aunque el paradero de Morales no es desconocido, el gobierno se abstuvo de enviar a la policía para hacer efectiva la orden de la fiscalía, sin que hayan explicado los motivos.
Lo «vamos a defender con nuestras vidas», sostuvo Choque y amenazó con desatar «el apocalipsis si la fuerza pública se atreve a detener a su líder».
Morales, de 65 años y quien gobernó entre 2006 y 2019, está citado por un juez de Tarija (sur) para que comparezca el próximo viernes a la audiencia en la que resolverá una petición del ministerio público para una detención preventiva por seis meses.
El martes pasado el expresidente no se presentó en el juzgado por problemas de salud según alegó su defensa, de acuerdo con la versión de la fiscalía.
Con información de AFP
