Este 11 de enero, en Caracas, más de 2.000 delegados de 125 naciones de todo el mundo, corearon «Uribe, paraco, el pueblo está berraco».
El uribismo ha gobernado, a sangre y fuego, en Colombia desde 2002 porque el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), también fue su aliado político y se proyectó políticamente tras ser el Ministro de Defensa de Álvaro Uribe.
El legado criminal de Uribe, que hoy pretende reeditar para el pueblo venezolano, usa las violaciones a los derechos humanos como herramienta política para construir poder y está atravesado por su relación con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Para Uribe, los negocios son cosa de familia. Y en la suya, participan todos. Su esposa, sus hijos como antes, participó su padre.
Según Misión Verdad – un medio de investigación venezolano- sus nexos familiares son fundamentales para analizar su comportamiento no solo en la política sino en los negocios. Su padre Alberto Uribe Sierra murió a manos de las FARC-EP en junio de 1983; se dice que tras su muerte la familia Uribe Vélez sufrió una fuerte crisis económica y que esos eventos determinaron su patrocinio a grupos paramilitares en venganza por el homicidio de su padre. Las FARC-EP niegan la autoría de ese asesinato.
Presuntamente el empresario y ganadero Uribe Sierra (padre de Alvaro Uribe) mantuvo relaciones con sectores del narcotráfico, su helicóptero fue encontrado en el mayor laboratorio de cocaína propiedad de Pablo Escobar, llamado Tranquilandia, en 1984. La prensa reseñó que, tras su muerte, la aeronave que su hijo Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, utilizó para llegar a la finca a recoger su cadáver era propiedad de Pablo Escobar.
Iván Cepeda, parlamentario colombiano y creador de MOVICE, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, había denunciado a Uribe por la vinculación que tenía con dos paramilitares identificados como Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, para conformar el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá en la hacienda Las Guacharacas, entonces propiedad de su familia y donde ocurrió el asesinato de su padre.
Uribe denunció a Cepeda (Iván Cepeda es hijo del senador Manuel Cepeda, asesinado por la ultraderecha) pero un fallo judicial estimó que el recurso legal era improcedente.
Ese juicio quedó para la historia y lucha por la verdad en Colombia porque en esa instancia, surgió evidencia contundente que indica que:
1.La exfiscal de Justicia y Paz (proceso de «pacificación» de grupos paramilitares), Hilda Niño Farfán, y Álvaro Prada Artunduaga, senador del Centro Democrático (partido de Uribe) en Huila, colaboraron con la causa de Uribe.
2. Sierra y Monsalve le contaron a Cepeda que a finales de los 90, cuando Uribe era Gobernador de Antioquia, surgió el grupo paramilitar.
3. Sierra indicó que Álvaro Uribe, su hermano Santiago, y otros ganaderos de la región eran los jefes y creadores de esa estructura y los relacionó con las órdenes de varios homicidios.
4. Según la Corte Suprema, Diego Cadena -el abogado de Álvaro Uribe- contactó en diferentes cárceles a ex miembros de grupos paramilitares para que elaboraran escritos y videos a favor del senador Álvaro Uribe y de su hermano Santiago, a cambio de favores jurídicos y dinero.
El 20 de agosto del 2020, en plena pandemia, Álvaro Uribe fue detenido. La Corte encontró pruebas suficientes para demostrar que Diego Cadena, abogado de Uribe, intentó sobornar a testigos como Juan Guillermo Monsalve para que cambiara su versión e incriminara al senador Iván Cepeda. Varios testigos también hicieron la misma acusación contra Cadena, que finalmente reconoció haber entregado dinero a algunos de los presos como «ayuda humanitaria». Cadena fue detenido en el 2022 acusado de fraude procesal.
El lento paso de la Justicia por la vida de Álvaro Uribe es algo que merece ser resaltado. La Fiscalía solicitó tres veces la preclusión del proceso durante la gestión de Francisco Barbosa, amigo del expresidente uribista Iván Duque, como fiscal general (2020-2024).
En 2024, Gilberto Villareal fue designado en enero como nuevo fiscal del caso y en marzo de ese mismo año, Luz Adriana Camargo se convirtió en la nueva fiscal general.
En mayo 2024, finalmente Uribe fue acusado de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, fue llamado a juicio y se convirtió en el primer expresidente en décadas en sentarse como acusado, frente a la Justicia.
Una justicia que no llega para Uribe y que le permite conspirar contra Venezuela
El enriquecimiento y la acumulación de poder de Uribe subieron en un espiral imparable, a sangre y muerte, desde que participa en la política colombiana. Desde 1981 que se fundó la Sociedad Uribe Vélez Asociados Ltda y hasta el año 2022, compraron 80 predios y han vendido 22. Esto es solamente el número oficial, verificable. La lista negra de las utilidades obtenidas por Uribe son mayores.
En esos negocios participan su esposa, sus hijos, familiares varios que no pagan impuestos y de manera permanente aportan noticias vinculadas a ilícitos en una continua saga que causa dolor a Colombia y que ya se conoce en todo el mundo, gracias a Matarife, un Genocida Innombrable, un éxito arrollador en Netflix, Youtube y múltiples redes sociales en el mundo.
