Un mes ha transcurrido del secuestro de 238 migrantes venezolanos en El Salvador, donde fueron trasladados desde Estados Unidos sin derecho a la defensa y sin cumplir un proceso legal correspondiente. A la fecha, autoridades del país centroamericano no han publicado la lista oficial de los encarcelados y tampoco han presentado pruebas de vida de los migrantes, que permanecen detenidos sin poder comunicarse con sus familiares ni abogados defensores.
Estados Unidos llevó a los venezolanos El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798. El presidente Donald Trump asegura -sin pruebas- que su homólogo Nicolás Maduro, envió a miembros de la extinta banda Tren de Aragua a Estados Unidos para desestabilizar la nación estadounidense. Sin embargo, en febrero pasado, las agencias de inteligencia estadounidenses difundieron en un informe que «el Tren de Aragua no es contralado ni enviado por el gobierno de Maduro«.
Como parte de una campaña persecutoria contra los migrantes, las autoridades estadounidenses presentaron un catálogo basado en prejuicios sobre tatuajes, modos de vestir y hablar, utilizado discrecionalmente para determinar quién puede ser deportable o no, una medida que criminaliza a los venezolanos, entre otros migrantes latinoamericanos.
El abogado David Morales, director legal de la organización no gubernamental Cristosal de El Salvador, expresó, citado por Los Angeles Times, que no había base legal para el encarcelamiento de los venezolanos en el país centroamericano. Añadió que no conocía ninguna ley salvadoreña o tratado internacional que respaldara su encarcelamiento.
“Son detenciones ilegales porque no están sometidos a la jurisdicción de un juez salvadoreño, ni han sido procesados, ni condenados en El Salvador. Por lo tanto, están en una situación de una detención ilegal o una restricción arbitraria de su libertad”, manifestó.
«Eso se llama nazifascismo»
El gobierno venezolano ha ratificado que no descansará hasta lograr la liberación y repatriación de los connacionales. Como parte de las acciones, Venezuela contrató un bufete de abogados en El Salvador, el cual presentó 30 recursos de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de ese país para solicitar liberación y repatriación de los encarcelados.
A los juristas no se les ha permitido tener acceso al caso de los migrantes venezolanos y tampoco han podido hablar con ellos, según denunció a finales de marzo, el presidente Nicolás Maduro, quien calificó de «nazifascista» a su homólogo Nayib Bukele. «¿Eso se llama democracia? ¿justicia? Eso se llama nazifascismo; Bukele es una nazifasciata», manifestó.
La Fiscalía venezolana calificó la detención de los connacionales como un acto de desaparición forzada, un hecho que el titular del Ministerio Público, Tareck William Saab, dijo que no tiene precedentes en el derecho internacional. «El único delito que se les imputa es su nacionalidad venezolana», indicó.
La Cancillería de Venezuela envió comunicaciones a organismos internacionales para exigir acciones sobre el secuestro de los migrantes venezolanos. Las comunicaciones fueron enviadas a:
La presidenta pro tempore de la CELAC, Xiomara Castro.
Al Secretario General de la ONU, António Guterres.
Al Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk.
Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi.
A la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otros foros regionales y multilaterales.
También el presidente Maduro hizo un llamado al Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, y al Secretario General de la ONU, António Guterres, «para que interpongan sus acciones y buenos oficios para que aparezcan los venezolanos y venezolanas que están desaparecidos de manera forzada en El Salvador».
Movilización activa en favor de los migrantes
Al cumplirse un mes del traslado de los migrantes al Centro de Confinamiento del Terrorismo, en El Salvador, los familiares han participado en movilizaciones que han recorrido Caracas para exigir la liberación de sus seres queridos, la mayoría hombres jóvenes.
La última protesta de los familiares fue llevada a cabo este lunes en la ciudad capital donde denunciaron desaparición forzada, falta de acceso legal y silencio por parte de las autoridades salvadoreñas.
