Comunidades indígenas, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, denuncian la concesión de licencias para la explotación minera sin el debido proceso ni inspección medioambiental, lo que provoca un impacto directo en sus medios de vida. Estos grupos llevan el peso de la desatención gubernamental sistémica, unido a lastres históricos sobre sus derechos y la hostilidad de los consorcios mineros.
Minería en Guyana: un sector de rápida expansión
Según datos ofrecidos por Dr. Ashni Singh, Ministro de Hacienda y Función Pública del Gabinete del Presidente durante la presentación del Presupuesto para 2025 en la Asamblea Nacional, la economía de Guyana creció en un 43.6 % en 2024, en gran medida gracias a la explotación del petróleo y gas. En tanto su economía no petrolera, fundamentalmente basada en la producción de arroz y otros cultivos, unido a la minería de oro, diamantes y bauxita, creció en un 13.3%.
En específico, la minería se expandió en un 55.9%.
En 2024, los ingresos de Guyana por la producción de oro aumentaron ligeramente, ya que el país ingresó 180 millones de dólares más debido a la subida de los precios del metal precioso. Los ingresos totales procedentes del oro ascendieron a 989,9 millones de dólares, un aumento significativo respecto al año anterior. También la producción de bauxita aumentó de 523.732 toneladas en 2023 a 1.703.121 toneladas en 2024, un salto de más del 225%.
Esta expansión del sector no solo se basa en mayor volumen de producción, sino en el aumento de las zonas de explotación y, por ende, de concesiones para esta actividad.
Según datos oficiales, con un primer boom del precio del oro, Guyana experimentó un aumento en los permisos de 270 en 2006 a 1.979 en 2013. En 2021, el gobierno de Irfaan Ali encomendó a la División de Minas de la comisión de geología y minas de Guyana, la tarea de reducir el retraso en la verificación de las solicitudes, que ascendía a más de 15.000 solicitudes sin verificar. Como resultado, se redujeron en un 70% las reclamaciones no verificadas. El sector sigue su rápida expansión, con 350 concesiones mineras dadas solo en el mes de abril y junio de 2024.
“Puedo decir con confianza que más de 700 pequeños mineros tienen ahora tierras en propiedad. Los 550 que he mencionado se asignaron mediante sorteos, pero se han concedido otras tenencias mediante los procedimientos habituales de la Comisión de Geología y Minas de Guyana”, ha explicado el ministro Bharrat.
Por demás, el gobierno licita otras facilidades para el sector, eliminando el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la maquinaria y equipos, los vehículos todo terreno (ATV) y los viajes al interior. También anuló el requisito de autorización policial para transportar combustible en vehículos y el registro y permiso de circulación para equipos mineros.
Sector minero y comunidades indígenas de Guyana
Según el censo de población de 2012 (último estudio demográfico completo y publicado en Guyana) los pueblos y comunidades indígenas suman 78.492, es decir, comprenden el 10,51% de la población total. Estas comunidades residen principalmente en las zonas rurales del interior del país y aproximadamente el 81% de los indígenas viven fuera de la Región 4, el distrito administrativo más urbanizado de Guyana, que incluye la capital, Georgetown. Viven principalmente en las Regiones 1 (Barima-Waini), 7 (Cuyuni-Mazaruni, 8 (Potaro-Siparuni) y 9 (UpperTakutu- UpperEssequibo). Según datos de la Comisión de Geología y Minas de Guyana, las zonas 1, 7 y 8 son las principales regiones de explotación y concesión mineras recientes en el país.
Esta yuxtaposición impacta el modo de vida y bienestar de las comunidades indígenas, quienes denuncian abusos y destrucción medioambiental en esta actividad. Según el informe de la Asociación de Pueblos Amerindios, APA, uno de los grandes problemas, es la falta de demarcación de las tierras indígenas y que muchas de estas comunidades no poseen la propiedad legal y título sobre sus tierras, lo que las hace vulnerables a desalojos e invasiones por parte de las compañías y pequeños productores mineros.
El partido gobernante, el PPP/C, en 1992, prometió procesar la entrega de títulos de propiedad a comunidades indígenas. Luego de reasumir el poder en 2020, la administración Ali prometió lo mismo y según el Ministerio de Asuntos Amerindios, en cinco años se han otorgado más de 21 títulos y 7 estudios de demarcaciones de territorios indígenas.
La líder de esta cartera, Pauline Sukhai, elogió esta cifra y el programa de Titulación de tierras amerindias. La cifra habla de las verdaderas prioridades de la administración Ali, comparada con las 350 concesiones mineras dadas solo en 2024. En su manifiesto de cara a las elecciones presidenciales de 2025, el partido gobernante PPP/C sigue prometiendo la titulación de tierras indígenas.
Los comunidades indígenas en esta situación también denuncian la falta de inclusión en la toma de decisión sobre licitaciones mineras e incluso, la explotación de estos recursos.
Kako Romario Hastings, líder de la comunidad Toshao, dijo en conferencia de prensa del Consejo del Pueblo de Jawalla en marzo de este año que: “Se trata de respetar los derechos indígenas a dar su consentimiento, si Comisión de Geología y Minas de Guyana les hubiera notificado o preguntado o comprometido antes de conceder estos bloques mineros, estoy seguro de que la respuesta sería no, porque ahora la tía o el tío se despiertan una mañana y ven a estas personas llegando y se les notifica el desalojo. Esto no debería ocurrir, es una flagrante falta de respeto a los derechos de los indígenas, y por eso habría sido bueno que la Comisión de Geología y Minas de Guyana nos hubiera consultado desde el principio».
Por otra parte, un reciente estudio de The Lancet, apunta a una relación entre brotes de malaria en las comunidades indígenas, en la frontera sur, y la minería ilegal o artesanal, a causa del aumento de mosquitos en las represas artificiales creadas para el lavado de oro. Además, la deforestación provocada por la minería despeja zonas boscosas, lo que crea caldos de cultivo ideales para los mosquitos portadores del paludismo. El uso de mercurio, además, para la extracción de oro, contamina las aguas subterráneas y los campos de cultivo, impactando directamente en los medios de vida ya precarios de muchas de estas comunidades.
A pesar de las limitaciones legales y de acceso social de las comunidades indígenas, algunas han tomado acción jurídica en este tema. Uno de los casos legales más prominentes en este tema, es el de la comunidad de Chinese Landing, ubicada en la zona administrativa 1.
La comunidad presentó una petición por violación de los derechos humanos en relación con los derechos mineros, luego de que la Comisión de Geología y Minas de Guyana concediera un permiso de explotación minera, en algún momento de la década de 1990, a una empresa para operar dentro de los límites de las tierras tituladas de la aldea y que según ellos, no contaba con el consentimiento del Consejo de la Aldea.
La Comisión de Geología y Minas de Guyana afirmó que había emitido una orden de cese de los trabajos a dicha compañía, sin embargo, el caso fue llevado al Tribunal Superior, que falló a favor de la empresa minera. La batalla legal terminó favoreciendo al consorcio en 2017. La comunidad llevó el caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, que en 2023 sentenció a favor del grupo indígena. No obstante, la ministra de asuntos parlamentarios de Guyana, Gail Teixeira, demeritó la denuncia y el fallo legal.
Comunidades indígenas y minería: Legalidad y politización de la tierra
Las regiones donde coexisten minería y comunidades indígenas, en su mayoría, están comprendidas dentro de la zona en reclamación por parte de Venezuela, la Guayana Esequiba.
Si bien el reclamo venezolano es territorial, basado en principios históricos y legales que datan desde las luchas de independencia venezolana, el gobierno guyanés ha creado alarma entre las comunidades indígenas que residen en estas zonas concomitantes creando la noción de que estos grupos perderían el proceso de titulación de sus tierras a manos de Venezuela.
Muchas de estas comunidades, especialmente los toshao, se desplazaron de sus asentamientos luego de que en diciembre de 2023 el gobierno venezolanao llamara a un referéndum por la Guayana Esequiba.
Faye Stewart, representante de la Asociación de Pueblos Amerindios, afirmó que la huida inmediata se debió sobre todo a la falta de acceso a información creíble por parte de las autoridades, algo que «suscitó muchas reacciones innecesarias.»
Por su parte, el 11 de diciembre de 2023, tres días antes de la firma de los acuerdos de Argyle entre los presidentes Nicolás Maduro e Irfaan Ali, la Asociación de Mineros de Oro y Diamantes de Guyana (GGDMA) publicó un comunicado haciendo explícita su posición junto al Gobierno y el pueblo de Guyana «en cuanto a la soberanía de Guyana y la propiedad de la región de Esequibo.»
«La GGDMA desea dejar claro que el Gobierno de Guyana y sus agencias son las únicas entidades legalmente facultadas para administrar los derechos sobre la tierra y los minerales contenidos en este territorio. La región de Essequibo es firmemente parte de Guyana. Los mineros de Guyana seguirán prestando la debida atención a estas entidades y cumpliendo sus instrucciones mientras seguimos trabajando por la prosperidad sostenida de Guyana».
Según el portal oficial de la asociación minera, el 9 de diciembre de 2024 la GGDMA y el Gobierno de Guyana firmaron un Acuerdo de Desarrollo de Inversiones para vehículos y repuestos por un período de 2 Años.
