Guyana firmó que su nación cumple con el acuerdo de Argyle y que se rige firmemente por los principios de la Carta de Naciones Unidas, el Estado de Derecho y la resolución pacífica de conflictos. Estas declaraciones ocurrieron en el marco de la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y las dijo el Primer Ministro de Guyana, Mark Anthony Philips.
Sobre la declaración y el acuerdo de Argyle
“Permítanme referirme a la declaración conjunta de Argyle sobre el diálogo de paz entre Venezuela y Guyana, que se aprobó el 14 de diciembre de 2023 por las partes, con un apoyo substancial regional. Guyana ha cumplido sus compromisos bajo la declaración y seguirá cumpliéndolo en búsqueda de una buena vecindad, coexistencia pacífica y la unidad de Latinoamérica y el Caribe. Nuestra soberanía y la integridad de nuestro territorio, sin embargo, sigue siendo amenazada” dijo.
EL acuerdo de Argyle, firmada por ambos mandatarios luego de reunirse en el aeropuerto internacional de Argyle, en San Vicente y Las Granadinas y que buscaba terreno de concordia en torno a la disputa territorial sobre la Guayana Esequiba, establece en su primer inciso que ambos gobiernos “Acordaron que Guyana y Venezuela, directa o indirectamente, no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia, incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos Estados.”
Desde la rúbrica de dicho acuerdo, Guyana ha permitido la presencia directa del Comando Sur de los Estados Unidos en su territorio. En febrero de 2024, el General de División Evan L. Pettus, Comandante de la Fuerza Aérea del Comando Sur de los Estados Unidos, sostuvo una visita de tres días en Guyana con el fin de “profundizar en la colaboración de EE. UU. con Guyana en materia de defensa.” En marzo de ese mismo año, la entonces Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, afirmó en declaraciones a los medios que: “en términos de lo que está sucediendo con Venezuela y Guyana, apoyamos a Guyana.”
Más recientemente, el Secretario de Estados de los Estados Unidos, Marco Rubio, en visita de estado a Guyana y luego de que la prensa inquiriera por las acciones de Estados Unidos en el caso de una hipotética invasión de Venezuela, afirmó que: “sería una muy mala día para el régimen venezolano si atacaran Guyana o ExonMobile o algo así sería un día muy malo, una semana muy mala para ellos (…) la marina de los EE.UU. hoy está dejando claro y demostrando nuestra capacidad, nosotros tenemos una gran Armada y puede llegar a casi cualquier lugar, puede llegar a cualquier lugar en el mundo y tenemos compromisos que existen hoy con Guyana (…)”
Por demás, el gobierno de Venezuela ha denunciado las actividades de exploración y explotación petrolera que el gobierno de Guyana y la empresa estadounidense ExxonMobil realizan en aguas del Esequibo, territorio todavía en disputa y, por ende, por delimitar.
El 5 de abril de 2025, la Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez, denunció planes de una operación de falsa bandera por parte de la ExxonMobil y el gobierno de Guyana, para justificar acciones violentas contra Venezuela a solo días de la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Honduras.
El Acuerdo de Ginebra
El primer ministro guyanés afirmó también que : “Guyana siempre ha permanecido firme por los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el Estado de Derecho y la resolución pacífica de conflictos, porque como resultado del Acuerdo de Ginebra de 1996 que ambas, tanto Venezuela como Guyana han firmado, la Corte Internacional de Justicia ha sentenciado que tiene jurisdicción en el caso presentado ante ella por Guyana con respecto a la validez de la del Laudo Arbitral de 1899.”
Aunque ciertamente Guyana y Venezuela firmaron el Acuerdo de Ginebra en 1966, en el que se definen los mecanismos propicios para resolver esta disputa territorial, en su texto no se declara a la Corte Internacional como organismo competente para resolver dicho conflicto. Además, su inciso 2 refiere a las partes al artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que define lo siguiente: “Las partes en toda controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales buscarán, ante todo, una solución mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.”
Sin haberse resuelto las premisas de la controversia, ni agotado los medios de negociación, Guyana decidió acudir a la Corte Internacional de Justicia unilateralmente para presentar una demanda el 29 de marzo de 2018 pidiendo a la Corte que resolviera la controversia con Venezuela. Venezuela no tuvo parte en esta decisión y no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en este caso.
