En una celda de detención en Laredo, Texas, dos mujeres venezolanas, Heymar Padilla Moyetones y Scarleth Rodríguez, comparten no solo un espacio físico, sino también una inquietante experiencia que pone en tela de juicio la transparencia y la minuciosidad de los procesos de deportación implementados por la administración Trump en su polémico programa de deportaciones.
Sus relatos revelan un entramado de desinformación, confusión y probable desprecio por el debido proceso en materia migratoria, dejando al descubierto las profundas implicaciones que este intento fallido de deportación tiene para la evaluación de migrantes.
La odisea de Moyetones y Rodríguez comenzó con la promesa de un retorno a su tierra natal, Venezuela. Sin embargo, la realidad fue un vuelo inesperado y desconcertante hacia El Salvador, un país que, para sorpresa de las autoridades estadounidenses, se negó a recibirlas.
«Nos mintieron», sentencia con amargura Moyetones desde su encierro. Rodríguez secunda este sentir, recordando las repetidas preguntas a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre su destino, recibiendo siempre la misma respuesta: Venezuela. La verdad se reveló solo al aterrizar en suelo salvadoreño.
Este engaño no fue un incidente aislado. Karla, compañera de celda de las mujeres, relató a NBC News cómo un grupo de dieciocho mujeres fue llevado al aeropuerto; ocho de ellas abordaron el vuelo, mientras que diez quedaron en un autobús.
La incertidumbre se apoderó de ellas hasta que un funcionario de inmigración les espetó un escalofriante «den gracias a Dios» por no estar en ese avión, ya que su destino no era Venezuela.
Las implicaciones de este fallido intento de deportación resuenan con fuerza en la comunidad legal y de derechos humanos. Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), no duda en señalar la alarmante falta de debido proceso en estos casos.
«Lo que les sucedió a estas mujeres y a Kilmar Abrego García, un hombre casado con una ciudadana estadounidense que fue enviado por error a pesar de una orden judicial, demuestra que el gobierno está cometiendo errores al seleccionar a quién enviar a prisión en El Salvador».
Gelernt dijo a NBC News. «Es inaudito enviar a alguien potencialmente a cadena perpetua en El Salvador sin darles ningún debido proceso».
El caso de Abrego García, quien también fue incluido en estos vuelos, añade una capa más de preocupación.
A pesar de existir una orden judicial que bloqueaba su deportación debido al riesgo que enfrentaba en El Salvador, de igual forma fue subido al avión. Familiares y registros judiciales sugieren que la administración se basó en tatuajes para identificarlo como miembro de la pandilla Tren de Aragua, un método calificado de poco fiable por expertos. Este hecho, según Gelernt, subraya la «poca diligencia debida» en el proceso de deportación.
La angustia de las mujeres trasciende las paredes de su celda y llega hasta Caracas, donde Yelitza Rodríguez, madre de Scarleth, clama por el regreso de su hija.
«Me destrozó el corazón cuando me llamó para decirme que la habían llevado a El Salvador y luego de regreso», expresó con la voz quebrada a través de una videollamada de WhatsApp.
Yelitza relató el difícil camino de su hija, quien salió de Venezuela en busca de un futuro mejor, trabajando en México antes de intentar cruzar la frontera estadounidense. Su detención al presentarse a una cita para solicitar asilo la hirió profundamente.
«Es una muchacha humilde, no ha hecho nada malo. ¿Por qué la tratan como a una criminal?», se preguntó con dolor.
Las declaraciones de la administración Trump contrastan drásticamente con los testimonios de las mujeres y las evidencias de errores en el proceso.
Altos funcionarios aseguraron que todos los enviados a El Salvador eran venezolanos «cuidadosamente examinados» y con «vínculos claros con el Tren de Aragua», una pandilla venezolana designada como organización terrorista.
Incluso llegaron a afirmar que no era necesaria la revisión judicial de estos casos. Sin embargo, la realidad expuesta por Moyetones y Rodríguez, quienes niegan rotundamente cualquier vínculo con la pandilla y aseguran haber sido engañadas, desmorona esta narrativa de certeza y exhaustividad.
«Entré al sistema de detención de ICE después de asistir a una fiesta donde asesinaron al cumpleañero», explica Moyetones, detallando su conexión tangencial con un entorno donde operaba la pandilla.
A pesar de haber sido inicialmente acusada de múltiples cargos relacionados con drogas, se declaró culpable de un delito menor, lo que pone en tela de juicio la solidez de los «vínculos claros» con el crimen organizado que la administración Trump pregonaba.
Los relatos de estas dos mujeres venezolanas no solo exponen las fallas operativas y la posible desinformación en los procesos de deportación, sino que también levantan una profunda preocupación ética sobre el trato que se dispensa a los migrantes.
La falta de transparencia, el engaño y la aparente indiferencia hacia el debido proceso socavan la confianza en un sistema que debería garantizar la justicia y la equidad.
Mientras Heymar Padilla Moyetones y Scarleth Rodríguez aguardan en su celda en Texas, su historia resuena como un potente recordatorio de las voces que a menudo quedan silenciadas en el complejo entramado de la inmigración.
Con información de NBC
