El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el viernes el centro-norte de Myanmar ha destruido el 70 % de Sagaing, una de las dos ciudades más cercanas al epicentro, según la Cruz Roja.
“El daño es realmente enorme”, dijo a la agencia EFE en una llamada Afrhill Rances, directora de comunicación para Asia-Pacífico de la Federación Internacional, e indica que sus socios de Cruz Roja afirmaron hoy que “el 70 % de Sagaing está destruido”.
El municipio de Sagaing se encuentra a unos 17 kilómetros del epicentro del sismo. La otra ciudad más cercana, a una distancia similar, es Mandalay, la segunda mayor del país con alrededor de 1,5 millones de habitantes, de la que se ha podido obtener algo más de información desde el temblor.
El sábado por la noche informaron las autoridades del último recuento provisional de víctimas, con al menos 1.644 muertos, 3.408 heridos y 139 desaparecidos.
Solo en Mandalay, a donde se desplazó ayer, Min Aung Hlaing Jefe de la junta, había informado de al menos 694 muertos.
La situación en Sagaing es más incierta. La municipalidad, de unos 300.000 habitantes, se sitúa en la región homónima donde tuvo lugar el epicentro, una zona en la que guerrillas de minorías étnicas y fuerzas prodemocráticas han ganado terreno al Ejército en sus combates tras la asonada.
El opositor Gobierno de Unidad Nacional (NUG), grupo formado tras el golpe que se declara la autoridad legítima de Myanmar, afirmó ayer que el Ejército ha continuado los bombardeos en áreas impactadas por el sismo, entre ellas Sagaing.
La situación en dicha región y los recuentos de afectados y víctimas se ven además dificultados porque acoge a un tercio del total de desplazados por el conflicto en la zona, alrededor de 1,2 millones (de los 3,5 millones), según la ONU.
Las fuerzas armadas de Myanmar han declarado el estado de emergencia en seis zonas: Sagaing, Mandalay, Magway, Shan, Naipyidó y Bago.
El Ejército hizo un inusual llamamiento de ayuda internacional el viernes. Cientos de rescatistas procedentes de varios países, entre ellos China, Rusia, Singapur, India y Tailandia, participan ya en las tareas de ayuda, según dijo el canal de televisión oficial MRTV, al servicio de la junta.
¿Cómo entender la profundidad de la crisis en Myanmar?
Desde su independencia del Reino Unido en 1948, Myanmar – nacida como Birmania – nunca logró experimentar la estabilidad política, siendo objeto de gobiernos militares, golpes de Estado y fracasos económicos desde su establecimiento como Estado independiente de la corona.
Desde 1962, el país asiático estuvo bajo el comando de una junta militar, condenada por la comunidad internacional y objeto de sanciones económicas, además de políticas, que obstaculizaron el desarrollo socioeconómico en medio de la Guerra Fría y la lucha entre Occidente y el bloque comunista por influir en la vida política del país.
No fue hasta 2011 que, tras la degradación en su legitimidad popular y la ola de democratización en regiones cercanas, la junta militar de Myanmar decidió comenzar un proceso para liberalizar la vida política del país y convocó a elecciones en 2015, que a su vez fueron ganadas por un amplio margen por la Liga Nacional por la Democracia (NLD), liderado por la opositora activista Aung San Suu Kyi.
Aung San Suu Kyi no pudo convertirse en presidenta en sí, ya que había legislación electoral realizada por la junta que lo impedía. No obstante, obtuvo el control ‘de facto’ del Gobierno birmano, actuando como Consejera del Estado.
Durante los años siguientes, el NLD consiguió llegar a un acuerdo con el Ejército para compartir distintas franjas del poder gubernamental, con un Parlamento predominantemente civil, pero con las decisiones de seguridad casi que reservadas para los militares.
En noviembre de 2020 volvieron a celebrarse elecciones en Myanmar, con el NLD ganando por segunda vez consecutiva, pero, esta vez, el Ejército no aceptó la derrota. Después de meses denunciando fraude electoral y pidiendo la repetición de las elecciones, la cúpula militar del país impulsó un golpe de Estado para derrocar a Aung San Suu Kyi y encarcelarla, junto con otros miembros del Gobierno.
El Ejército completó la asonada golpista en febrero de 2021, cuando impusieron una junta militar liderada por el general Min Aung Hlang – quien preside el país actualmente – y lanzando una ola de represión en distintas latitudes del territorio que terminó con más de 600 personas asesinadas solo en la capital, Naypyidaw. Desde 2021, al menos 5.000 ciudadanos han muerto debido a la violencia.
Situación fuera de control
Aunque la junta militar impuso su poder y gobierna actualmente de facto el país, con base en la capital, las fuerzas opositoras se han organizado por varios frentes armados en el territorio, formando una coalición armada en contra de la junta: las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF).
En cuatro años, la guerra civil ha estallado en todo el país, con intensos intercambios armados entre ambos bandos y un avance opositor que cada vez se acerca más a la capital, a pesar de la fuerza militar oficialista, que cuenta con asistencia desde China y Rusia. Según la BBC, la junta militar tiene el control de apenas el 22% del territorio.
La guerra entre la junta y los opositores ha provocado el resurgimiento de una crisis humanitaria «sin precedentes» en el país, según la ONU. Antes del terremoto, ya existían alrededor de 18 millones de personas (de un total de 55 millones de habitantes) que dependían de la ayuda humanitaria dentro de Myanmar, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas.
La crisis alimenticia llega a todos los rincones de Myanmar. Según el Programa Mundial de Alimentos, unos 15 millones de personas – cerca de un tercio de la población – no tienen recursos para satisfacer sus necesidades alimentarias, mientras que 2,3 millones enfrentan niveles de hambruna.
Pero quizá la faceta crítica más mediática dentro de Myanmar es la persecución gubernamental en contra de las minorías étnicas, especialmente los Rohingyas.
Desde la independencia del país, la comunidad Rohingya – minoría musulmana – ha sido rechazada y perseguida por el Ejército, excluyéndolos de puestos gubernamentales y privándolos de su condición de ciudadanos, lo que ha convertido al pueblo Rohingya en la comunidad apátridia más grande del mundo
«Policrisis»
La catástrofe humana que ha representado el terremoto no ha sido un impedimento para la continuación de la guerra.
Este 29 de marzo, el bloque del NUG denunció que la junta militar mantiene las olas de bombardeos contra zonas opositoras apenas horas después de que el terremoto azotara el país. Unas siete personas murieron debido a las bombas en la localidad de Naung Lin, según informaron los opositores.
El NUG asegura que los ataques oficialistas habían impactado en contra de las aldeas de Chiang Oo, en el epicentro del terremoto, y Naung Cho. Y, aunque el bando rebelde proclamó una tregua de semanas para enfocarse en las labores de rescate, no descartan responder a los ataques de la junta, según un comunicado del NUG.
En enero, la ONU mencionó que Myanmar se enfrentaba a una «policrisis» configurada por las consecuencias del conflicto, la crisis económica, la pobreza y la vulnerabilidad del país a situaciones climáticas acentuadas por el cambio climático. Las desafortunadas consecuencias del terremoto se unen a la lista.
