La población migrante venezolana ha sido utilizada durante los últimos años como moneda de cambio. La oposición venezolana, la derecha colombiana y sus medios, Estados Unidos y compañía, repitieron hasta el cansancio que la gente huía de la dictadura Maduro, sin mencionar que Venezuela tuvo que sortear más de 900 sanciones violatorias de las libertades económicas y políticas a que tiene derecho cualquier Nación libre y soberana.
Esta gran mentira fue proyectada en los estados de opinión tanto en Venezuela como en la región, porque con ello justificaron el asedio financiero, el cerco diplomático del primer reinado de Trump, operaciones militares y demás ataques contra el gobierno bolivariano y el pueblo venezolano.
También llovieron recursos de la comunidad internacional con la excusa de ayudar a la población migrante. Mencionaremos el caso de Colombia por ser el vivo ejemplo de la política del doble rasero y el uso de la población migrante con fines mercantiles y políticos, mas no humanitarios.
La administración Duque fue una de las que más se benefició del apoyo financiero internacional para atender a la población migrante venezolana; por ejemplo, encabezó la Conferencia Internacional en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos (2021), en la cual se aprobaron recursos por 2.544 millones de euros.
En promedio, según estimaciones de su propio gobierno, recibieron los primeros meses 300 dólares por cada migrante, es decir, más de 500 millones de dólares mensuales, si se toma en cuenta una población de 1 millón 800 mil. Pero en noviembre de 2022, la entonces congresista colombiana Gloria Flórez, de la Comisión de Relaciones Exteriores, denunció que Colombia recibió entre 2018 y 2022 recursos internacionales por 1.200 millones de dólares.
Nadie sabe dónde fue a parar ese dinero, pero Duque se vanaglorió de diseñar una política de atención a los venezolanos sin precedentes en la región, la verdad es que poco hizo más allá de los anuncios y la propaganda. En la práctica, fue el más servil de los gobiernos latinoamericanos con el “cerco diplomático” de Trump, cómplice de la Operación Gedeón, y de la conspiración permanente contra el gobierno venezolano.
Por omisión también fue responsable de los ataques y estigmatizaciones que sufrió la población venezolana en Colombia, jamás se pronunció públicamente para condenar la campaña xenófoba que desde medios colombianos y desde sectores de derecha emprendieron contra los demonizados “venecos”.
Fue tan hostil contra Venezuela que desde marzo de 2021 hasta febrero de 2022 anuló más de 42 mil cédulas a venezolanos radicados y legalizados en Colombia, con la burda excusa de que estos servirían de apoyo a la candidatura de la izquierda colombiana. Parte de los ciudadanos con cédulas anuladas fueron retenidos y judicializados, sus negocios sucumbieron, sus sueños de mejorar económicamente quedaron en vilo. Nunca se revirtió esta decisión ni se comprobó la veracidad de la denuncia del Gobierno.
El caso de la derecha venezolana es mucho más diciente. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID en inglés) multiplicó por 26 veces sus fondos asignados para Venezuela entre 2014 y 2024, cuya destinación eran los “asuntos humanitarios y fortalecimiento de la democracia”.
Tampoco nadie sabe en qué invirtieron tanto dinero del otro lado de la frontera. Con razón Donald Trump mandó a parar el chorro y se habla de una investigación del FBI para determinar la responsabilidad de Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges y Carlos Vecchio en el manejo de al menos 3.500 millones de dólares.
Lo más deleznable es que la diáspora venezolana fue su principal producto de intercambio y chantaje. Lo que tal vez explica por qué no dijeron absolutamente nada después de que el 16 de marzo pasado, Estados Unidos secuestrara y deportara a más de 200 venezolanos, luego encarcelados en El Salvador, sin que mediara el debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia.
Tráfico de personas
La población migrante ya no es útil. O sí, sigue significando para ellos una moneda de cambio. Toda la campaña de trata internacional de personas emprendida por Donald Trump bajo el disfraz de política migratoria está diseñada para golpear al gobierno venezolano; intentan con ello negociar el petróleo de Venezuela a precio de gallina flaca, por eso siguen siendo los venezolanos clave en esa narrativa del enemigo extranjero, se convirtieron en el principal chivo expiatorio.
Perseguidos, secuestrados y confinados como delincuentes y terroristas, estigmatizados y comparados con una banda criminal (Tren de Aragua), todo para justificar la violación sistemática de derechos humanos contra todos los migrantes, no solo los venezolanos; los gobiernos de la región deberían tomar nota porque mañana serán ellos. La arremetida imperialista contra los derechos humanos no distingue de lacayos.
La oposición venezolana parece más interesada en desviar la atención por el robo de los recursos de la USAID. Cuestionar a Trump y defender a los venezolanos les saldría caro, su lógica no entiende de solidaridad.
Objetivo, Venezuela
No solo la población migrante venezolana se convirtió en el chivo expiatorio de la criminalidad reinante en el continente, del injerencismo de los Estados Unidos. Venezuela, de cuando en vez, es el tema preferido de gobiernos y sectores políticos de todo tipo, ya que acusando al país bolivariano logran expiar sus propias culpas y responsabilidades en asuntos internos de sus países.
La campaña de persecución contra los venezolanos en el continente crecerá las próximas semanas y el denominado Tren de Aragua será fundamental en esta narrativa de revictimización. Este giro peligroso y despiadado lo encabeza Trump, pero lo acompañan abiertamente —o en silencio— varios gobiernos y sectores de la región.
La cárcel proxy de El Salvador, ofrecida por Bukele como centro principal de confinamiento, es el ejemplo más palpable de ello. Otros son más edulcorados, aunque también atrevidos. Dos semanas atrás, el pleno del Congreso de la República de Perú aprobó declarar al Tren de Aragua como una organización terrorista de carácter internacional. Además “exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores a gestionar, junto con otros países de la región, el reconocimiento de esta organización como terrorista ante la ONU y otros organismos internacionales”.
Hablan incluso de aliados estratégicos para llevar a cabo esta política: Argentina, Colombia, Chile y Brasil, “con el objetivo de reforzar la cooperación regional en materia de seguridad”. Sí, los mismos que criticaron a Venezuela por los resultados electorales de 2024.
En este contexto no es fortuito que la secretaria estadounidense de Seguridad Interior, Kristi Noem, viaje esta semana a México, El Salvador y Colombia. La agenda es clara: con una mano intentará revertir la imagen negativa que provocó Trump por la invocación de una ley del siglo XVIII —usada en tiempos de guerra—.
Con la otra, la mano del garrote les recordará a los súbditos (Bukele, ¿Petro?) que existen nuevas orientaciones que se deben cumplir sin dubitaciones. El presidente salvadoreño está en esa sintonía, de hecho se beneficia económicamente con la recepción de cada migrante. Petro, a pesar del verbo, intentará evitar que Colombia sea desertificada por el aumento de la siembra de hoja de coca.
Sin importar las consecuencias como la no renovación de la licencia de explotación de Chevrón, Venezuela y su gobierno se han mantenido firmes y dignos en la defensa de los derechos humanos de sus compatriotas.
Trump, en otro asalto típico de su forma de negociar bajo presión y tirando garrotazos, aseguró hace unas horas que podría renovar la licencia de Chevron por 60 días imponiendo un arancel de 25 % para los países que quieran comprar petróleo y gas a Venezuela. Caracas respondió con más dignidad aún: “Las sanciones de ayer las derrotamos y las que vengan las derrotaremos también”.
Qué conclusiones nos deja este caso:
- Desde por lo menos 2014, la población migrante venezolana ha sido utilizada para alimentar las agendas de opinión contra el gobierno venezolano.
- La ola migratoria venezolana fue utilizada para que unos pocos (partidos, ONG, gobiernos, líderes de derecha) se enriquecieran con recursos de la comunidad internacional.
- A la oposición venezolana nunca le importó el tema migratorio y los derechos humanos, prueba de ello es la adhesión de María Corina Machado a las deportaciones de Trump, porque al patrón no se le contradice.
- El Tren de Aragua y la deportación masiva son una excusa para consolidar una política intervencionista contra Venezuela, una manera de presionar al gobierno venezolano. A la vez, le permite a Estados Unidos revivir la política del enemigo interno, reanudar los planes de control y expansión del Comando Sur en la región, y frenar la influencia de China y Rusia en el continente.
- Venezuela no cederá ante el chantaje ni a la presión de sus enemigos, ni mucho menos de las consejas de sus encapotados “amigos”.
Por: Miguel Prieto / Caribe Investigación
