La reciente invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte del presidente Donald Trump ha generado una fuerte controversia legal y humanitaria en Estados Unidos.
La norma, promulgada originalmente para expulsar a extranjeros considerados hostiles en tiempos de guerra, fue utilizada por la administración Trump para acelerar la deportación de presuntos miembros de organizaciones criminales, como el Tren de Aragua y la MS-13.
Una ley de siglos pasados en el siglo XXI
La Ley de Enemigos Extranjeros, parte de los Actos de Extranjería y Sedición (Alien and Sedition Acts) fueron un conjunto de cuatro leyes aprobadas en 1798 en Estados Unidos bajo la presidencia de John Adams. Estas leyes fueron promulgadas en un contexto de tensión con Francia y tenían como objetivo restringir a los extranjeros y limitar la libertad de expresión contra el gobierno federal.
El conjunto de leyes de estos actos fueron;
La Ley de Naturalización (Naturalization Act): Aumentó de 5 a 14 años el tiempo requerido para que un extranjero pudiera obtener la ciudadanía estadounidense.
La Ley de Extranjeros (Alien Act): Permitía al presidente deportar a cualquier extranjero considerado peligroso sin necesidad de juicio.
La Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act): Autorizaba la detención o deportación de ciudadanos de países enemigos en tiempos de guerra. Esta es la ley que Trump ha invocado en 2025.
La Ley de Sedición (Sedition Act): Criminalizó las publicaciones y discursos que criticaran al gobierno federal, lo que fue visto como un ataque a la libertad de prensa y expresión.
Estas leyes fueron altamente controversiales y generaron fuertes críticas, especialmente de los partidarios de Thomas Jefferson y James Madison, quienes argumentaban que eran inconstitucionales. La mayoría de estas leyes fueron derogadas o expiraron con el tiempo, pero la Ley de Enemigos Extranjeros sigue vigente.
En 1798, permitió en su momento la expulsión de extranjeros sin juicio en tiempos de guerra. Su uso más notorio ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial para justificar la reubicación de ciudadanos de origen japonés. Ahora, la administración Trump la ha resucitado bajo el argumento de que las pandillas representan una «amenaza extranjera» para la seguridad nacional.
Jueces bloquean, la Casa Blanca en desobediencia
La aplicación de la ley provocó una reacción inmediata en el sistema judicial. Un juez federal bloqueó temporalmente las deportaciones, dictaminando que el gobierno no presentó pruebas suficientes para justificar la clasificación de los migrantes como «enemigos extranjeros».
El juez federal de distrito James Boasberg bloqueó temporalmente las deportaciones para considerar los procedimientos de la aplicación de la ley y dictaminó ante el tribunal que cualquier avión que ya estuviera en el aire transportando migrantes debía regresar a Estados Unidos.
“En particular, dada la información de los demandantes, no refutada por el gobierno, de que hay vuelos saliendo activamente y planeando partir, no creo poder esperar más”, declaró el juez federal de distrito James Boasberg durante la audiencia. “Cualquier avión que lleve a estas personas, que vaya a despegar o esté en el aire, debe ser devuelto a Estados Unidos” Sentenció el Juez en su momento.
A pesar de la orden, la Casa Blanca procedió con la deportación de cientos de migrantes a El Salvador, lo que desató acusaciones de desobediencia judicial.
La administración Trump argumenta que la orden judicial no se aplica retroactivamente a los migrantes ya en proceso de expulsión.
Familiares claman por justicia
En el centro de la controversia están las familias de los deportados, quienes niegan cualquier vínculo con el Tren de Aragua u otras organizaciones criminales. «Mi esposo no es pandillero, es un trabajador honesto que huyó de la violencia en Venezuela», declaró María Fernández, esposa de un deportado, en una entrevista con medios locales.
Organizaciones de derechos humanos también han levantado la voz, advirtiendo sobre el peligro que enfrentan los deportados al ser enviados a países como El Salvador.
El gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, ha recibido a los deportados y los ha trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión conocida por sus estrictas medidas de seguridad y condiciones de hacinamiento. Bukele ha mostrado públicamente la llegada de los deportados y al conocer la orden del juez, escribió en inglés en su cuenta X: “Oopsie…Too late 😂” (Uy, demasiado tarde).
