En febrero de 2025, salió a la luz un plan para deportar a 12 millones de inmigrantes indocumentados en un plazo de dos años, liderado por Erik Prince, fundador de la empresa militar privada Blackwater.
El proyecto, con un costo estimado de 25.000 millones de dólares, plantea la creación de «campos de procesamiento» en bases militares y la formación de un «pequeño ejército» de ciudadanos privados autorizados para realizar arrestos masivos y el uso de una flota privada de 100 aviones
Se sugiere de igual modo la formación de un equipo de 10.000 agentes de inmigración, incluyendo veteranos militares y exagentes de las fuerzas del orden, que recibirían capacitación acelerada y tendrían las mismas facultades que los funcionarios de inmigración para realizar arrestos.
Expertos señalan que deportar a 12 millones de personas en dos años requeriría expulsar a casi 500.000 inmigrantes indocumentados al mes, lo que representa un aumento del 600% en la actividad actual y plantea dudas sobre la capacidad logística del gobierno para manejar tal operación.
En ese sentido, John Sandweg, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), señaló que el uso de agentes del sector privado para llevar a cabo deportaciones podría enfrentar desafíos legales significativos y estar «sujeto a una orden judicial inmediata».
En los documentos figura, la formación de un «equipo de rastreo de deportados» que utilizaría registros existentes para localizar a inmigrantes deportables y ofrecería recompensas en efectivo por cada arresto realizado por agentes estatales o locales lo cual podría chocar con las políticas de las ciudades santuario.
La participación de contratistas militares privados en operaciones de deportación masiva ha generado inquietud debido a antecedentes de abusos de derechos humanos, como el incidente de 2007 en Irak que involucró a Blackwater precisamente la agencia dirigida por el propio Erik Prince, donde murieron 17 civiles.
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Erik Prince: Mercenario de la geopolítica y la paradoja de sus negocios
Erik Prince es un exmilitar estadounidense y empresario conocido por fundar Blackwater, una de las empresas militares privadas más influyentes y polémicas del siglo XXI. Proviene de una familia adinerada y con una fuerte inclinación hacia el conservadurismo político. Sirvió en los Navy SEALs antes de dedicarse por completo a la industria de la seguridad privada, creando Blackwater en 1997.
Su empresa ganó notoriedad al obtener contratos multimillonarios del gobierno de Estados Unidos para operaciones en Irak y Afganistán, pero su reputación quedó marcada por el incidente de Nisour Square en 2007, donde mercenarios de Blackwater mataron a 17 civiles en Bagdad. A pesar del escándalo, Prince siguió expandiendo su imperio en el sector privado de la seguridad y asesorando a gobiernos en conflictos globales.
El doble juego: Venezuela e inmigración en EE.UU.
Prince se ha posicionado como un operador geopolítico clave en la agenda conservadora de EE.UU., involucrándose en estrategias de política exterior. Un ejemplo de esto fue su apoyo a la causa de derrocar a Nicolás Maduro en Venezuela, donde actuó como un intermediario en la recaudación de fondos y la planificación de acciones para respaldar a la oposición venezolana en lo que luego resultaría ser una estafa piramidal llamada YaCasiVenezuela.
Durante la presidencia de Trump, se supo que Prince trabajó en estrategias de intervención en Venezuela, ofreciendo sus servicios para organizar una fuerza paramilitar privada que ayudara en un eventual cambio de régimen.
En este contexto, grandes empresarios venezolanos en el exilio y sectores de la diáspora en EE.UU. aportaron recursos económicos para apoyar estos planes, esperando que la salida de Maduro facilitara su regreso al país.
Sin embargo, mientras abogaba por el derrocamiento del chavismo con el dinero de estos donantes venezolanos exiliados, Prince proponía, en paralelo, un negocio multimillonario para ejecutar deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados en EE.UU.. Paradójicamente muchos de esos venezolanos, podrían ser víctimas del plan de Prince y ahora ven cómo el mismo Erik Prince buscaba lucrarse con su expulsión de Estados Unidos.
En términos financieros, esto representa una jugada redonda: primero, su red de contactos en el mundo de la seguridad y la geopolítica le permitía obtener recursos de sectores opositores a Maduro; luego, vendía soluciones de «control migratorio» a EE.UU., capitalizando la crisis migratoria que él mismo contribuyó a empeorar al impulsar una política de confrontación con Venezuela.
No está claro si el presidente Trump ha revisado personalmente la propuesta. Un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, declaró que la administración «sigue alineada y comprometida con un enfoque de todo el gobierno para asegurar nuestras fronteras, deportar masivamente a inmigrantes ilegales criminales y hacer cumplir nuestras leyes de inmigración». Sin embargo, no confirmó si la administración tiene la intención de implementar el plan de Prince.
El plan de deportación masiva propuesto por Erik Prince ha puesto de relieve las complejidades y controversias en torno a la política de inmigración en Estados Unidos.
Mientras algunos ven en la participación del sector privado una solución eficiente, otros alertan sobre los riesgos legales, éticos y operativos que conlleva delegar funciones gubernamentales críticas a contratistas privados reflejando así las profundas divisiones en la sociedad estadounidense sobre cómo abordar la compleja cuestión de la inmigración.
El caso de Erik Prince demuestra cómo el sector privado de la seguridad y la geopolítica se ha convertido en un terreno fértil para la maximización de beneficios económicos, sin importar las contradicciones morales o políticas. Mientras vendía la idea de «liberar Venezuela del socialismo», al mismo tiempo diseñaba un esquema para expulsar a los mismos migrantes que esa crisis producía.
