La recesión económica que se registró en Estados Unidos desde julio de 1981, causó que los congresistas se mostraran reacios para un incremento de la ayuda de contribución monetaria norteamericana a los organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El comité interino del (FMI) decidió aumentar a 17,4 % las cuotas de los países miembros para finales del año 1983. Ese mismo año el presidente de la empresa estatal petróleos de Venezuela S.A. PDVSA, Humberto Calderón Berti, advirtió sobre una posible disminución de 10 dólares por barril que podría provocar una aguda crisis en el mercado petrolero internacional.
Entre 1979 y 1980, los grandes capitales generados en algunos países excedentarios de la OPEP , como fueron los casos de Arabia Saudita, Kuwait y Qatar, estuvieron colocados en la banca internacional en países como Inglaterra, Estados Unidos, Suiza, Francia, Alemania, entre otros, lo que originó una gran liquidez monetaria internacional, de tal manera que si aproximaba una baja sustancial de precios petroleros la consecuencia sería un desequilibrio en el mercado financiero internacional.
Según, Calderón Berti «al tener que bajar sustancialmente todos los países de la organización su producción, la consecuencia inmediata es que para poder mantener su ritmo de gastos, han tenido que empezar a repatriar sus capitales colocados en Europa y Estados Unidos, lo que ha contribuido a la situación de liquidez que enfrenta hoy el mercado petrolero internacional y eso explica lo difícil que resulta actualmente el conseguir dinero en este mercado financiero internacional».
Aunado a esta realidad petrolera, en 1980 surgió en toda Latinoamérica la crisis de la deuda hispanoamericana, producto de los créditos que adquirieron desde organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el FMI, durante la década de 1960 y 1970 para fomentar proyectos de infraestructuras.
El 16 de febrero de 1983, el presidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, informó que “si se examina retrospectivamente la década pasada y se analiza la presente coyuntura, inevitablemente se llegara a la conclusión de que la sobreabundancia de créditos y su uso inadecuados, sumados a plazos cortos y a altas tasas de interés, constituyen el elemento esencial de la crisis”.
Entre 1975 y 1982, la deuda hispanoamericana con los bancos comerciales aumentó a una tasa anual acumulativa de 20,4%. Esto llevó a que los países latinoamericanos cuadruplicasen su deuda externa de 75 mil millones de dólares en 1975 a más de 315 mil millones de dólares en 1983.
Esta situación de recesión regional y global afectó la economía venezolana, la prensa anunciaba que la banca internacional presionaba a Venezuela a que devaluara su moneda, esto condujo a que se salieran del país 6.000 millones de dólares.
Esta situación financiera causó el control de cambio y que se devaluara el bolívar el viernes 18 de febrero de 1983. Ese día quedó bautizado ante la opinión pública como el viernes negro. Esa devaluación empobreció, de la noche a la mañana, a los asalariados y jubilados venezolanos, pero también a todo los que tenía sus ahorros en bolívares ya que perdieron un 70% de su valor.
El ministro de Fomento venezolano para la época, José Porras Omaña, informó que la eliminación del subsidio a los alimentos concentrados para los animales, serán más de 90 renglones alimentarios, los que a la larga tendrán que sufrir incrementos en los precios al consumidor.
Antesala del caracazo
La medida también provocó una desaparición de productos, debido al encarecimiento de las importaciones. A partir de este momento se fue degradando el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos y la deuda externa continuó incrementándose
A esta situación de crisis financiera se extrapoló durante toda la década de 1980, pasando por los gobiernos de Luis Herrera Campins, Jaime Lusinchi y de Carlos Adres Pérez (CAP), este último fue el responsable del estallido social conocido como el Caracazo de 1989, producto de las medidas económicas que implementó.
El 16 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez, presentó ante el país un programa de ajustes macroeconómicos, llamado popularmente, el paquetazo económico, el cual comprendía decisiones sobre política cambiaria, comercio exterior, política fiscal, sistema financiero y deuda externa, impuestos por el FMI, que aprobó un préstamo por aproximadamente 4 mil 500 millones de dólares en los siguientes tres años multiplicándose la deuda externa por un número indefinido de veces.
Días previos al estallido social, los estudiantes universitarios de la Universidad Central Venezuela (UCV), salieron a manifestar contra las medidas económicas impuesta en el paquetazo de Carlos Andrés Pérez, en medio de esa manifestación en la plaza la tres gracias y los alrededores de la ciudad universitaria, resultó asesinado el mejor estudiante de la facultad de ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, Dennis de Jesús Villasana Montaño, ocasionando que los estudiantes universitarios salieran a protestar contra ese vil asesinato por parte de oficiales de lamPM.
Aunada a esta situación de asesinato del estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela (UCV), dentro de la UCV cerca de la facultad de odontología fue asesinado un joven atleta y trabajador de la facultad de medicina, Carlos Yépez Pérez, quien fue velado el día 22 de febrero en el aula magna donde se escuchaba la consigna “Pase lo que pase cueste lo que cueste, si luchamos como hermanos, a los muertos los vengaremos”.
Estos asesinatos dentro de los recintos universitarios generaron que se calentara la calle y miles de estudiantes salieran a protestar también en la Universidad de Carabobo, en solidaridad con los estudiantes y trabajadores de la UCV asesinados, también en contra del paquetazo económico de CAP, y contra la ley de “vagos y maleantes”, que privaba en muchas zonas populares la libertad de tránsito y recreación.
El día 23 de febrero, en los Valles del Tuy más de 10.000 ciudadanos salieron a marchar porque no se había culminado el tramo de 11 kilómetros que conectaba la vía de la ciudad de Charallave con la ciudad de Ocumare del Tuy, esperaban que se apersonara el gobernador de Miranda y el ministro de transporte, pero no lo hicieron, esto generó malestar en el pueblo que se sintieron burlados.
Según la prensa de la época, Los organizadores de la marcha de Ocumare del Tuy decían que al igual como se hizo esa gran movilización se haría una para exigir mejorías en los servicios médicos asistenciales, por el mejoramiento de la educación y contra el alto costo de vida.
Cuatro días después de está marcha aconteció el estallido social del Caracazo que dejo más de 3000 víctimas entre muertos y desaparecidos.
